Multan a un comedor escolar gestionado por padres por no tener licencia de restaurante

El comedor escolar y ecológico, al que pusieron por nombre 'Donde comen los monstruos' arrancó en diciembre de 2014 en un local del Callejón del Señor, en el Realejo. Al servicio pueden acceder los hijos de los socios, niños del colegio, que pagan un euro por la suscripción y una cuota mensual en función del número de días que se queden a comer. La entidad que puso en marcha este comedor es la asociación gastronómica y cultural 'Como de Graná', formada por seis socios, entre los que se encuentra la concejala de 'Vamos, Granada' y consejera local de Podemos, Marta Gutiérrez Blasco.

Los socios del comedor explican que se conocieron «en la escuela infantil de nuestros hijos y ya entonces nos asociamos para formar un grupo de consumo de productos ecológicos y de cercanía». Cuando sus hijos pasaron a Primaria «nos dimos de bruces con la realidad de los comedores escolares en los centros públicos, en los que desde la administración se apuesta por una gestión externa de línea fría (catering) y en los que, además, faltan plazas. Tras informarnos de las distintas posibilidades (o de la ausencia de estas), decidimos organizarnos para conciliar nuestra vida laboral con la alimentación de nuestros hijos», señalan desde la asociación en un comunicado.

Tras acudir a las distintas administraciones para informarse, «en diciembre de 2014 abrimos un comedor para el uso exclusivo de los socios y de los hijos de los socios. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, donde la cuota del comedor se destina exclusivamente a cubrir los gastos generados por el mismo».

Sin embargo, en la junta municipal de distrito Centro, la asociación de vecinos del Realejo trasladó la denuncia de los padres del colegio sobre la actividad de este comedor -así se refleja en el expediente, al que tuvo acceso este periódico-, para conocer si su actividad estaba regularizada. La Policía Local inspeccionó el lugar en mayo de 2015 y se dio traslado de lo encontrado a la dirección de Licencias. Esta unidad municipal estudió el caso, admitiendo que se trataba de una asociación sin ánimo de lucro. Sin embargo, establecen que, al cobrar por el servicio, «ha de someterse al régimen de intervención municipal establecido para restaurantes». Así, establecieron una sanción de 6.000 euros, porque no contaban con dicha licencia. Los socios del comedor decidieron pagarla y recurrirla, porque no estaban de acuerdo con los criterios del Ayuntamiento.

El asunto llegó a juicio, pero la sentencia no entró en el fondo, al considerar que el recurso presentado por la asociación tenía un defecto de forma. Desde la asociación aseguran que no se les notificó la sanción, de la que se enteraron por una noticia en un medio de comunicación local. A día de hoy aseguran no saber cuál es el origen de la denuncia. «En estos momentos estamos a la espera de sentencia del recurso que hemos interpuesto contra la sanción», señalaron.