El Ayuntamiento de Granada congela plantilla y deja sin dinero a los partidos para ahorrar

Aquel dinero debía servir para saldar facturas pendientes, para poner el contador de la deuda a cero. Pero las cosas no han ido a mejor y a la ciudad se le siguen acumulando las facturas, y además tiene que hacer frente ahora al pago de la amortización de ese préstamo, que supone unos 12 millones al año.

Ante esta situación de asfixia financiera, el Ministerio de Hacienda ofreció una ayuda a los municipios que, como el granadino, están con el agua al cuello. Les ofrecía una moratoria de tres años en el pago de esos préstamos, a cambio de ajustes importantes en los próximos cinco años.

Granada ya dijo que no hace unas semanas, pero Hacienda ha dado un nuevo plazo hasta final de mes. Los portavoces municipales se reunieron ayer de nuevo para tratar este asunto. La conclusión es que no pueden aceptar los términos que les ofrece el Gobierno, pero empezaron a sentar las bases de un plan de saneamiento «a medida». Las primeras medidas que puso el PSOE sobre la mesa suponen un ahorro de unos 12 millones durante el primer lustro.

Los portavoces municipales se reunieron ayer de nuevo para valorar si se sumaban al plan ofrecido por el Ministerio de Hacienda. Ya lo descartaron hace unos días porque, según los cálculos que había hecho la Oficina Presupuestaria, para cumplir las condiciones que pedía el Gobierno -con 15 millones de superávit al año- había que subir un 27% el IBI en dos años. Los partidos decidieron no sumarse a esa moratoria y empezar a diseñar un saneamiento a medida. Baldomero Oliver, concejal de Economía, puso ayer sobre la mesa las primeras medidas concretas, destinadas a recortar gastos. La suma de todas ellas suponen un ahorro de 12 millones a lo largo de cinco años. La idea del gobierno local es mandar un plan a Hacienda a largo plazo y negociar alguna ayuda con ellos.

«Dar ejemplo»

Entre las medidas destacan la de retener la asignación económica a los grupos municipales mientras se sanean las cuentas, como medida «para dar ejemplo». Esto supone un ahorro de 356.000 euros anuales. También apuntó Oliver a la supresión de un seguro privado que se le pagaba a un grupo de funcionarios muy antiguos, lo que supondría un ahorro total de 700.000 euros. Y, la tercera medida supone la revisión de contratos externos, donde se deberían lograr otros nueve millones en un periodo de cinco años. Como ejemplo, Oliver puso el del contrato de suministro eléctrico, que se ha rebajado en 3 millones de euros, o los 200.000 euros que se han reducido en la vigilancia de edificios municipales, gracias a los policías locales de segunda actividad. Oliver planteó que en los próximos años se revisarán todos los contratos, como los de telefonía móvil, mantenimiento de colegios, mantenimiento de edificios municipales, así como los de limpieza y transporte público.

Además de esas reducciones en la revisión de contratos externos, desde la Oficina Presupuestaria también se propone el ahorro en gastos de personal, con un importe de unos dos millones hasta 2021. El concejal apuntó que no se contemplan «ni despidos ni recortes en servicios», de forma que se ahorraría dinero eliminando gratificaciones, sin hacer contrataciones extraordinarias y con una tasa de reposición cero, hasta llegar a los tres millones.

Y luego, negociar

Con todo esto, Oliver defendió que todos los grupos municipales están de acuerdo en hacer un plan de saneamiento «a la medida de Granada», con el plazo que necesite la ciudad, que estará en torno a los 10 años, en lugar de los cinco que exige el ministerio. El edil incidió en que las propuestas socialistas deberán contar con el apoyo del resto de grupos, y que se añadirán aquellas propuestas que hagan los demás partidos, a quienes pidió responsabilidad. Y después de esto, tendrán que negociar con Hacienda, para tratar de lograr esa carencia en el pago de los préstamos. Logren o no ese 'balón de oxígeno', las medidas de ahorro se están implantando ya.

La oposición se ha mostrado de acuerdo en llevar a cabo el saneamiento en un plazo más largo, aunque cada grupo con sus matices. Para Antonio Granados, del PP, «el PSOE no ha hecho sus deberes» por no tener ya cerrado un plan y pidió que se estudien bien las consecuencias de la retirada del seguro privado a los funcionarios. Granados pidió que se cambie el sistema de financiación y recordó a la Junta que pague la deuda que tiene con el Ayuntamiento. Manuel Olivares, de Ciudadanos, se mostró de acuerdo en que se empiecen a tomar medidas. Pidió también que se reestructure la plantilla municipal sin despidos y echó en falta que se piensen fórmulas para ahorrar en transporte público. Olivares lamentó que algunas de las medidas propuestas ayer no se hubieran implantado hace ya un año.

Para Marta Gutiérrez, de 'Vamos, Granada', la idea de retener la asignación a los grupos municipales afecta directamente a la labor de oposición de los más 'pequeños', que no tienen el respaldo de un gran partido detrás. Gutiérrez se mostró de acuerdo a revisar las cantidades que se asignan a los grupos, sin eliminarla -les impediría, por ejemplo, ejercer la acusación popular en el caso 'Nazarí'- y repensar la baja de sueldos que ellos han propuesto y que el resto de grupos rechaza.

Por su parte, el concejal de IU coincidió en que hay que pedirle a Hacienda que se puedan acoger a los beneficios de la moratoria, pero con un plan a diez años. Puentedura reclamó que se tomen medidas estructurales y que se quite «grasa política» y se elimine la «red clientelar».