Una familia de Granada, sin hijo adoptivo por la quiebra de una asociación

Nadia Ocete y Francisco Sánchez decidieron adoptar en Burundi en 2012. Completaron toda la tramitación y les dieron "entre seis y diez meses» de espera para dar la bienvenida a un nuevo miembro en el hogar, que se sumaría a sus dos hijos biológicos. Desde la confirmación han pasado cuatro años, en los que han desembolsado unos 8.000 euros por el papeleo. Ahora, la asociación ADDIS Galicia, encargada del procedimiento, ha quebrado echando a saco roto los sueños de 70 familias españolas entre las que se encuentra este núcleo granadino.

"Elegimos Burundi porque tenemos dos hijos, y era uno de los pocos países que nos permitían adoptar en África teniendo ya hijos", recuerda Nadia. Movidos por una cuestión "de sentimiento paterno, por una forma distinta de ser padres", dieron el paso. Y confiaron en que los trámites de adopción en esta república de los Grandes Lagos de nuestro continente vecino serían ágiles, como les habían prometido. "Los procesos de adopción internacional tienen problemáticas por los países de origen, subdesarrollados, en los que las cosas funcionan lento y mal, pero lo que no te esperas es que la mala gestión se de en España", lamenta Francisco.

El 21 de enero, la Xunta de Galicia contactó con las familias afectadas, diez de ellas andaluzas, para convocarlas a una reunión el 1 de febrero de 2017. Con fecha 3 de febrero, la directora de ADDIS, Eva Alonso, firma un comunicado a las familias en el que resume los puntos tratados en la misma. Dada la urgencia de la convocatoria fueron muchas las que no pudieron asistir.

En el primero de los puntos se atribuye al "alargamiento de los procesos de adopción en los últimos años", además de otras cuestiones, la situación económica de la entidad, con tarifas "insuficientes para el sostenimiento de la estructura básica que permita culminar los procesos de adopción en el año 2017". En otra carta ponen de manifiesto "la disminución drástica del número de niños y niñas promovidas para la adopción", las inestabilidades en los países de origen también implica a Etiopía o las nuevas exigencias de estos gobiernos.

Piden 6.781 euros a veinte expedientes próximos a tramitación para mantener la viabilidad de esta Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) durante un año. Pero "sin garantía ninguna de que en esos doce meses se resuelva la adopción del menor", como aseguran estos jóvenes de Granada. Se da la circunstancia de que ADDIS es la única asociación que trabaja con adopciones en Burundi, por lo que no hay posibilidad de que sus expedientes sean tramitados por otra ECAI.

ADDIS dio un plazo de diez días a las familias para que decidieran si seguir adelante con el proceso o no. En el último punto, recuerdan "que esta tarifa es complementaria a la firmada en el contrato que continúa vigente". "Actualmente la organización carece de fondos para poder tramitar los expedientes abiertos, a lo que se añade el incremento de los costes directos en el país", concluye.

Cierre inevitable

Pero sólo 14 de las 20 familias requeridas dieron el sí al ingreso extra. Así que hace una semana, la Xunta comunicó "el inevitable cierre de ADDIS Galicia y, por tanto, la imposibilidad de dicha entidad de proseguir con sus expedientes de Etiopía y Burundi". La asociación, con sede en Vigo, dijo entonces seguir gestionando las adopciones en última fase.

Nadia y Francisco no quieren su dinero de vuelta: "Seguimos dispuestos a adoptar". Tampoco plantean una denuncia que, de acuerdo con ellos, supondría una paralización total del proceso. "Sí estamos intentando organizarnos entre las familias para presionar a la Xunta".

Consideran que las administraciones deben tomar cartas en el asunto. Hacen especial alusión al Gobierno central: "Si no media, esto no es viable, porque ninguna familia va a depositar el dinero sin tener la seguridad de que va a ser para que venga su hijo. En ese año no se asegura que se cierre el expediente". Aseguran que en sus contactos con la administración, ésta remite a la ECAI. Pero ADDIS Galicia no es más que una "entidad colaboradora", así que insisten en la "responsabilidad social y humanitaria" de las administraciones.

No obstante, piden que no se politice la situación. El último paso sería estudiar una demanda conjunta, llevar el caso a los tribunales. IDEAL trató de contactar hasta en cinco ocasiones con ADDIS Galicia para contrastar esta información, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucede con estas 70 familias cuyo sueño se ha quebrado.

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