Los presuntos amaños en la A-7

La documentación incautada describe cómo los responsables de la empresa tratan de "fidelizar" a ciertos cargos relevantes de la Dirección General de Carreteras para lograr su objetivo de cobrar más dinero del que se había fijado en el contrato. La empresa constructora logró la adjudicación de este tramo en 2005 por un importe de 48,9 millones de euros, aunque la inversión final llegó a ser de 105 millones en obras, y hasta 148,1 millones sumando la redacción del proyecto, las expropiaciones y la asistencia técnica.

En el informe, al que ha tenido acceso IDEAL, se refleja cómo la empresa se planteaba no empezar las obras como medida de presión, al tiempo que iban solicitando modificados del contrato (más dinero). Así, antes de empezar siquiera los trabajos, ya planteaban pedir hasta un 82,75% más de presupuesto.

En las comunicaciones internas entre los responsables de la constructora se habla abiertamente de "ganarse" a distintos responsables de la obra, altos cargos del Ministerio de Fomento.

Las obras llegaron a comenzarse, pero en el año 2010 se rescindió el contrato porque surgieron problemas geológicos. Habían aparecido filitas, un mineral que hacía muy inestable el terreno. La constructora aseguraba entonces, en el año 2010, que era necesario más dinero para acometer el tramo. Al superarse el 80% de incremento, fue necesario liquidar aquel contrato y sacarlo de nuevo a licitación. La nueva obra la obtuvo la misma constructora.

También se desvela en los correos la intención de incluir en la liquidación de esa obra, dinero procedente de trabajos en otra carretera, hecha en Córdoba, algo absolutamente irregular, como destacan los investigadores. No queda constatado si se pagó, o no, ese dinero en las obras de Granada.

La obra de la A-7 llegó a estar parada dos años, mientras se tramitaba la nueva licitación. En los mails intervenidos se hace alusión a una supuesta dádiva a dos altos cargos de la Dirección de Carreteras. Se alude a la presunta costumbre de "llevarse" a estos cargos públicos a la peregrinación del Rocío, sobreentendiendo que se les pagan todos los gastos.

Finalmente, la empresa Corsán obtuvo 105 millones de euros por ejecutar esos seis kilómetros, pese a que se había adjudicado por menos de 50 millones.

Este informe de la Guardia Civil está en el juzgado de Barcelona que investiga los presuntos sobornos de cuatro constructoras a altos cargos de Adif. En la documentación incautada se aportan indicios de estas mismas prácticas fraudulentas en otras obras por todo el país.