El SUP denuncia a Torres Hurtado por decir que su detención fue "ilegal"

El derecho de defensa suele ser elástico.Las personas que están siendo investigadas por la presunta comisión de algún delito pueden de hecho, ocurre con cierta frecuencia utilizar argumentos altisonantes y contraataques acerados para cuestionar los cargos que pesan sobre ellas. Incluso existe una cierta tolerancia con esta práctica. Pero también es cierto que el derecho de defensa no es ilimitado. No vale todo. Ese es el razonamiento que ha animado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Granada contra el exalcalde José Torres Hurtado (PP, aunque suspendido de militancia) y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, a quienes acusan de haber proferido supuestas calumnias e injurias para sembrar dudas sobre la legalidad del trabajo policial desarrollado en la Operación Nazarí, la redada que se saldó con la detención del propio exregidor y de la citada exconcejala.

Efectivamente, Torres Hurtado y Nieto se han mostrado siempre muy críticos tanto con la actuación de la Policía Nacional que se produjo el 13 de abril de 2016, que fue cuando ambos fueron arrestados, como con las pesquisas posteriores.

En este sentido, el SUP detalla en su denuncia a la que ha tenido acceso IDEAL que los dos exresponsables municipales de Granada han llegado a afirmar públicamente que la Operación Nazarí se hizo «siguiendo directrices políticas y al margen de la ley», indica el escrito del SUP. Al respecto, el sindicato recuerda que la Policía actuó en todo momento «bajo la supervisión del ministerio fiscal y la autoridad judicial». En concreto, el SUP alude a las declaraciones de Torres Hurtado en las que aseguraba que su «detención fue ilegal», aseveración que fue recogida por varios medios de comunicación.

Entrevista

Por lo que se refiere a Nieto, el sindicato transcribe en su denuncia parte de una entrevista en la que la exconcejala de Urbanismo de la capital granadina ponía en solfa el trabajo de la Policía Nacional. «La jueza recoge el documento las palabras de Nieto autorizó los registros, que no las detenciones. La fiscalía creía que era prematuro. Fue un circo y la prensa estaba avisada. De estos registros no salió nada que sustente esto. Los 170 policías, diez por cada domicilio registrado, que los hicieron llevaban la misma orden: entráis, detenéis masivamente y os lleváis todos los dispositivos que encontréis. ¿Quién manda en la Policía? (...) Me da miedo que me puedan meter cosas: pornografía infantil, tráfico de armas, terrorismo... Siento una inseguridad jurídica tremenda, porque el montaje va dirigido a implicarnos en algo grande».

Ese miedo de Nieto a que los investigadores pudieran introducir material comprometedor en los dispositivos informáticos que le intervino la Policía, supone para el SUP atribuir a dicho cuerpo la intención de fabricar pruebas falsas, una imputación que consideran presuntamente injuriosa y calumniosa.

Se da la circunstancia de que el artículo 215 del Código Penal establece que ha de ser la persona agraviada la que se querelle cuando se presuma que se hayan producido calumnias e injurias, «salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos», que, según el SUP, es lo que sucede en este caso. En estos supuestos, procede una actuación de oficio y de ahí que el sindicato haya formulado una denuncia.

El SUP ha puesto de manifiesto con reiteración que existe un gran malestar entre los agentes por las sospechas que se vienen arrojando sobre su trabajo en la Operación Nazarí.

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