La jueza del caso Nazarí abre una pieza separada con nueva información de la UDEF

Exactamente, en el documento, fechado el 1 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada indica lo siguiente: «Habiéndose recibido oficio número 342 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, en atención a su contenido, procédase con el mismo a la formación de pieza separada, en la que se acordará lo procedente en relación a la petición de secreto parcial interesada». Aún no se ha resuelto en ningún sentido pero según fuentes próximas al caso es probable que se acuerde preservar esta nueva rama de la Operación Nazarí hasta tener armada la investigación.

Los investigadores estaban elaborando informes, que según indicaron en su día las fuentes del caso consultadas, cuando se levantó el secreto del sumario en noviembre pasado, iban a tener una importante trascendencia a la hora de afianzar los indicios de delito inicialmente apreciados en la causa.

Cabe recordar en este punto que las pesquisas policiales aún pendientes estaban encaminadas tanto a averiguar posibles incrementos de patrimonio sospechosos de parte de los 17 investigados como en el análisis de los dispositivos (ordenadores, teléfonos, memorias externas.) intervenidos durante los múltiples registros que se practicaron el día de las detenciones, el 13 de abril del año pasado. Se han cursado peticiones para rastrear correos electrónicos y cuentas bancarias de los investigados y, en algunos casos, de su entorno próximo.

La apertura de esta nueva pieza separada se produce en la misma semana en que la magistrada instructora ha pedido, a través de otra providencia los últimos datos recopilados por los agentes de la propia UDEF y de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Asimismo, tiene lugar justo después de dos interrogatorios: el de una investigada y un testigo. La primera es la exdirectora de Urbanismo María Paz Spínola, que volvió a declarar a finales de enero para defender la legalidad de sus actos y negar presiones de sus superiores. El segundo es el empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación particular en la causa y que aportó más de un centenar de documentos al juzgado, gran parte de ellos relacionados con una de las ocho operaciones urbanísticas que se investigan y en la que se siete perjudicado: la concesión administrativa del Pabellón Mulhacén del Zaidín a la empresa de Roberto García Arrabal.