El letrado municipal ve «inaceptable» la falta de control del gobierno anterior en el Serrallo

En un escrito remitido a la jueza del caso Serrallo, María Ángeles Jiménez, el Ayuntamiento de Granada le comunica que apoya el recurso interpuesto por la fiscal Sara Muñoz-Cobo contra su decisión de dar por concluida ya la instrucción de la causa, sin esperar al informe pericial que se acordó encargar a la Intervención General del Estado sobre la liquidación de las cuentas de aquel proceso urbanizador .

«Esta representación procesal comparte el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de que debe prolongarse la instrucción hasta tanto por la Intervención General del Estado no se emita el informe (...)», señala el documento de las alegaciones municipales, fechado el 31 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL.

En este punto, el Consistorio pone de relieve que «ha quedado sobradamente acreditado» que la cuenta de liquidación definitiva de aquella actuación urbanística «no llegó a realizarse» por los órganos de gobierno de la Junta de Compensación del sector. Este hecho, en su opinión, es «incomprensible», al ser un requisito 'sine qua non' para la liquidación del sistema». Así, resalta que la «no presentación» de esas cuentas provoca que se sea «difícil» determinar, entre otros extremos, el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por los convenios urbanísticos que se suscribieron para el desarrollo del sector donde se levantó la discoteca y una pista de patinaje. También dificulta conocer «el coste real soportado por los promotores» -la promotora fue Inversiones Área Sur- y el cumplimiento por parte de la Junta de Compensación de sus obligaciones tributarias, sobre todo en lo que respecta al IVA.

Para el Ayuntamiento, la «opacidad demostrada», en los «largos años» de tramitación administrativa de estas instalaciones ubicadas en unos terrenos aledaños al Serrallo Plaza «resulta de por sí indiciaria de un encubrimiento ilícito».

«Con independencia de la gravedad de todo ello, de por sí más que indiciario de comisiones delictivas, procede ahora estimar y concretar la gravedad del quebranto soportado por el Ayuntamiento de la ciudad», indica el Ayuntamiento. De ahí a que respalde la necesidad del informe pericial encargado a los expertos contables del Estado. «De nuevo tenemos que insistir en lo inaceptable de esta situación, por cuanto el Ayuntamiento de Granada, como administrador tutelar del proceso urbanizador, tenía inexorablemente que haber ejercido estas funciones de fiscalización y control», subraya el letrado.

Fue el pasado 18 de enero cuando la jueza dictó el auto por el que transformó las diligencias previas del caso Serrallo en un procedimiento abreviado, pasando a la fase de preparación del juicio oral. Esta decisión, luego recurrida por la fiscal, dejó a un paso del banquillo a los siete implicados en el asunto, entre los que está la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y la excúpula de su área. Los ilícitos apreciados, de momento de forma indiciaria, son: prevaricación urbanística y ordinaria, delito contra la ordenación del territorio, malversación y fraude en la contratación. Fue el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Granada el que advirtió de las supuestas irregularidades contables.

Sobre la condición de acusación particular del Ayuntamiento, fuentes del caso indicaron que al acceder el socialista Paco Cuenca a la Alcaldía, tras la dimisión de José Torres Hurtado por el caso Nazarí, «su abogado pasó de ser abogado del PSOE a abogado del Consistorio» en la causa.