Aportan un papel que acredita que Torres Hurtado conocía expedientes urbanísticos del caso Nazarí

Este diario ha tenido acceso a una copia del documento aportado al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga la supuesta trama corrupta urbanística. Se trata de un escrito de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, emitido a raíz de recibir una denuncia del propio Arenas, sobre el «incumplimiento del pliego de condiciones» de la concesión del Pabellón Mulhacén.

El documento está dirigido expresamente al exalcalde de la ciudad, a quien la Junta recuerda que el Ayuntamiento de Granada «es competente para el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística que correspondieran en relación con tales hechos». Junto a ello, le advierte de que está obligado a «instar la práctica de la anotación preventiva del inicio de los procedimientos de disciplina urbanística».

Sin embargo, según Arenas, el exalcalde, tras recibirlo, «no hizo nada». Así lo manifestó a este diario tras su interrogatorio, tras precisar que este documento él lo recibió «en mayo de 2014». Su comparecencia de ayer como testigo se inició a las 10.15 horas y se prolongó hasta las 12.00 horas; es decir, que estuvo dentro de la sala durante una hora y 45 minutos. El empresario, que acudió con una maleta y dos bolsas repletas de papeles, ha examinado a conciencia los 20.000 folios del sumario y analizado todas las declaraciones de los demás testigos y de los 17 investigados. Rabatió durante su comparecencia las afirmaciones realizadas por cada uno, aportando sobre todo documentación sobre los expedientes Mulhacén y Campus (dos de los ocho que investiga el juzgado).

El oficio que la Junta mandó al Ayuntamiento, contradice, en opinión del testigo, las afirmaciones de Torres Hurtado durante su interrogatorio. El exalcalde declaró como investigado el pasado 12 de mayo y, en la grabación de su interrogatorio, indicó a la fiscal que no conocía los detalles el expediente y que fue tras una reunión que mantuvo con Arenas cuando supo de su denuncia y encargó un informe a la secretaria del Ayuntamiento, también investigada.

En sus manifestaciones a este periódico, Arenas explicó que la obtención de los documentos que ya están en poder de la instructora -un centenar, según precisó- no ha sido tarea fácil y ha habido numerosas peticiones infructuosas, sobre todo al Ayuntamiento. Recordó que la referida reunión con el exregidor fue el «3 de septiembre de 2013», y también estuvieron la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y la exdirectora de Urbanismo. «Ellos manifestaban en sus declaraciones que yo quería construir cinco plantas de aparcamiento y construir pisos y no hay ningún documento que eso lo avale. Sin embargo, por más que se diga mil veces una mentira no se va a convertir una verdad. Ahí están los documentos, y cuando yo me reúno con el alcalde en 2013 le pido por Dios que solvente el problema para yo poder hacer el centro infantil que es el sueño de mi mujer», subrayó.

Cabe recordar que la personación de Arenas se debe a que a su empresa (Aremat) le fue adjudicada en concurso público una parcela de equipamiento docente en la calle Baltasar Mar, pero posteriormente, el Ayuntamiento habría impedido su desarrollo porque la parcela fue invadida por el pabellón, adjudicado a Fontdeis S. L., empresa de García Arrabal.

En este punto, resaltó que el Ayuntamiento alegó que su parcela era de uso comunitario y que por eso no podía hacer un 'parking'. Por contra, existen otros aparcamientos de la ciudad «que son parcelas de equipamiento y ahí están las cocheras. Entonces, ¿por qué a mí no y a ellos sí?». Aparte, Arenas quiso recordar especialmente a Isabel Nieto que él también tiene familia y le reprochó que «un día uno y otro sí» lance críticas contra él en la prensa y luego dé «lecciones de moralidad», olvidando «los correos que se ha intercambiado con Roberto García Arrabal». «Yo también tengo hijas y mujer. No soy ningún acosador ni un miserable ni un mafioso». El empresario negó además que exista trama alguna de los denunciantes y aseguró que los investigados, con su actuación, le han buscado «la ruina». Espera que, en caso de resultar condenados, «respondan con sus bienes, pues los granadinos no tienen por qué pagar lo que han hecho ellos si finalmente sus actos se comprueban delictivos».

Las fuentes de la defensa consultadas indicaron que no es de extrañar que muchos de los escritos que recibiera el alcalde fueran derivados directamente a la concejalía correspondiente.