CSIF Granada informa

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55.474 trabajadores públicos en Granada, un mínimo histórico que exige tomar nuevas medidas

R. I

Los últimos datos del paro en Granada no son muy halagüeños, ni por parte de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Empleo ni por parte de las cifras arrojadas en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Pero, ante la ambigua creencia de que el desempleo es solo cuestión del ámbito privado, en la función pública la situación es insostenible.

A nivel nacional, hemos tocado techo con un déficit de 320.000 empleos, necesarios para ofrecer y garantizar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía. A nivel de Andalucía, solamente en el año 2016 se destruyeron 23.500 empleos públicos. Por lo tanto, CSIF -Central Sindical Independiente y de Funcionarios- aplaude las últimas medidas adoptadas tanto por el Gobierno Central, al eliminar la tasa de reposición en Educación, Sanidad, Justicia y Servicios Sociales para reforzar las plantillas más allá de las jubilaciones, como por la Junta de Andalucía, implementando la jornada laboral de 35 horas, que creará más empleo y de calidad. En Andalucía, se prevé que esta medida genere 8.000 puestos de trabajo público en Sanidad y 4.000 en Educación.

No obstante, CSIF sigue manifestando su preocupación ante el envejecimiento de las plantillas de funcionarios; un total de 119.174 personas en la Administración General del Estado tiene más de 50 años y, de ellas, más de 27.000 se encuentran a las puertas de la jubilación. Ante este contexto, no podemos admitir que el problema de déficit de plantilla se agrave hasta condenarlas a una situación insostenible. Y es que, la precariedad, la eventualidad, la interinidad o el paro femenino también amenazan al sector público.

Por eso, CSIF sindicato mayoritario en la Función Pública considera que la rehabilitación de las 35 horas, pese al incremento de gastos laborales que representa, supone también la creación de empleo y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Excusadas por la crisis, las administraciones llevan años aplicando distintas medidas para reducir el gasto, pero ahora es el momento de devolver a los funcionarios los sacrificios que han hecho, manteniendo la calidad en los servicios públicos a pesar de los continuos recortes.

Pero, además, es urgente la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria acorde a la realidad. El nivel de temporalidad del empleo público es cada vez más preocupante; un total de 680.900 personas tiene un empleo temporal frente a los niveles de calidad que requieren los servicios públicos, como la educación o la sanidad. En este último sector, la interinidad es abrumante: tal y como han corroborado los tribunales europeos y españoles, este problema afecta ya al 30 por ciento de la plantilla sanitaria en nuestro país, o lo que es lo mismo, a unas 104.000 personas. Agravantes aparte, la Junta de Andalucía solo ha convocado para 2017 un total de 3.555 plazas en Sanidad y de 2.300 para Educación. Cifras, a todas luces, insuficientes y exiguas frente al empleo que cada año se destruye en la función pública, pues solamente en el cuerpo de Maestros la oferta de empleo público debería contener más de 4.000 plazas para este año.

Lamentablemente, en las administraciones se ha instalado la costumbre de encadenar contratos temporales para cubrir necesidades estructurales o a perpetuar a contratados temporales en puestos de trabajo sin ningún tipo de garantía. La situación en la que se encuentra la calidad del empleo en la función pública es claramente excepcional y no podemos perder ni un segundo más en poner cuantos medios sean necesarios para reducir el porcentaje de precariedad a cifras mínimas. Ese es nuestro objetivo y nuestra meta, porque CSIF, como sindicato de referencia en el sector público, ejerce un sindicalismo profesional, honesto, independiente y, sobre todo, útil para los trabajadores y trabajadoras, por encima de colores políticos.