Los granadinos son los andaluces que más acuden a los planes de pensiones privados

Llegó diciembre y con el último mes del año la paga extra que la Seguridad Social tiene que abonar cada año a los más de 183.000 pensionistas que hay en la provincia de Granada. Una vez más, el Gobierno le ha vuelto a dar otro 'bocado' al conocido como Fondo de Reserva, una hucha que se creó en 2004 en época de bonanza económica y que está previsto que se agote el próximo año. Qué pasará entonces y cómo pagará el Ejecutivo el próximo diciembre la extra de Navidad es una incógnita.

Por ahora las únicas soluciones 'viables' que se han puesto sobre la mesa son incrementar los impuestos a los trabajadores y desviar otras partidas de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Dos alternativas que según los expertos parchearán, pero serán inviables en cinco o seis años y entonces se volverá a 'abrir el melón'. En paralelo, los ciudadanos han acentuado la búsqueda de alternativas privadas para pagarse en un futuro sus pensiones. Granada, de hecho, es la provincia andaluza con más fondos de pensiones privados en comparación con el número de habitantes. Representan el 15,4% de la población y la provincia se sitúa un punto un medio por encima de Málaga (13,8%) y dos sobre Cádiz (13,4%).

Según un estudio elaborado por el Observatorio Inverco, algo más de 140.000 granadinos tienen algún tipo de plan de pensiones privado. De media, quienes optaron en algún momento por activar una cuenta de ahorro para el momento en el que dejen de trabajar tienen ya apartados 6.902 euros, una cantidad mínima que no alcanza ni a cubrir un año de jubilación, pero que aumenta con respecto al mismo estudio elaborado en 2015.

El Observatorio Inverco registró el pasado año un patrimonio medio de las 'hormiguitas' granadinas de 6.341 euros, algo que implica un incremento del 8,8% en comparación con 2015. José Luis Manrique, director de estudios de este observatorio, destaca el comportamiento de los ahorradores granadinos. «Hay preocupación por saber qué pasará a largo plazo y en Granada se percibe una tendencia a guardar dinero de cara al futuro. El esfuerzo ahorrador de los granadinos es relevante», explica Manrique.

Esta preocupación de la que habla el director de estudios de Inverco es una realidad que acentúan las cifras. El actual sistema de pensiones, aunque ningún político se atreva a decirlo abiertamente en público, es inviable a largo plazo por razones demográficas y laborales. El número de pensionistas cada vez es mayor y la cifra de trabajadores irá descendiendo con el paso de los años ya que la natalidad desde que comenzó la crisis ha caído notablemente. En la vertiente de los ingresos sólo se conseguirá introducir más dinero en las arcas de la Seguridad Social si aumenta el empleo o los salarios que se abonan a los trabajadores suben. Lo primero se está logrando, pero con sueldos reducidos, por lo que el impacto de los nuevos empleos es limitado. A esto se une la futura jubilación de la generación del 'baby boom', nacida a comienzos de los años sesenta.

Consciente de ello, el Gobierno introdujo hace unos años el conocido como 'factor de sostenibilidad' de las pensiones, que entrará en vigor en 2019 y que introducirá un nuevo elemento en el cálculo de las prestaciones: la esperanza de vida. Este factor condicionará a la baja las pensiones -dado que lo normal es que la esperanza de vida suba con el paso de los años- y quien no cuente con una alternativa privada verá reducido su poder adquisitivo. Para el año 2050 está previsto que el valor de las pensiones se haya reducido un 30%, ante la imposibilidad de mantener a largo plazo las prestaciones que se pagan hoy.

Reconocido el problema, los expertos abren diferentes soluciones para hacer viables las pensiones a largo plazo, más allá de lo que cada uno pueda ahorrar durante su vida laboral. El profesor de la Universidad de Granada Julián Díaz-Saavedra considera necesario que se incremente la natalidad para evitar que España se tenga que enfrentar a un severo proceso de envejecimiento que acabe con más pensionistas que trabajadores. Aparte, Díaz-Saavedra ve inevitable que la edad de jubilación aumente hasta los 67 años o incluso hasta los 70 años. «Las reformas del año 2011 y 2013 contemplan un aumento gradual en este sentido. Pueden parecer acciones impopulares, pero estas medidas se están implementando en la mayoría de los países de nuestro entorno y responden al incremento de la esperanza de vida», argumenta Díaz-Saavedra.

Una década

José Luis Manrique, del Observatorio Inverco, cree que lo más responsable es 'obligar' a las empresas a retirar a los trabajadores una parte de su sueldo para pagar su pensión cuando se jubilen. Esta práctica, conocida como un plan de pensiones de empleo, provocaría que el trabajador viera resentida su nómina mensual, pero se garantizaría mantener un poder adquisitivo similar más allá de los 65 años. De estimular un plan de pensiones de este tipo, el desarrollo del ahorro sería tal que en menos de una década el número de ahorradores granadinos podrían igualar a los pensionistas, a pesar del continuo ascenso de éstos últimos. Sin embargo, Manrique alerta de que si no existen a lo largo de los próximos años incentivos de este tipo los planes de pensiones, nunca se desarrollarán lo suficiente como para alcanzar en términos absolutos a los pensionistas.

Optar por estos fondos de pensiones privados requiere un cambio mentalidad vital entre los granadinos y españoles, según José Luis Manrique. El director de estudios de Inverco considera que la cultura inmobiliaria de los españoles y granadinos les impide ahorrar: «Si nada más comenzar a trabajar cada ciudadano se mete en una hipoteca que le come parte de su sueldo es complicado que pueda vivir y al mismo tiempo mantener un nivel de ahorro».

Manrique insiste en que es necesario que los ciudadanos vean que dentro de cuarenta años «no se van a tener las pensiones que se tienen ahora» y que si no se opta por una alternativa público-privada, cuando llegue la jubilación el bolsillo se resentirá bastante. «Los jubilados van a ser más y van a durar más. Y los que pagan este sistema cada vez van a ser menos. Por mucho que mejore el sistema público va a ser difícil volver a la bonanza previa a la crisis o a equilibrar el sistema», concluye.

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