La nueva norma de la Iglesia sobre nulidades triplica las solicitudes en Granada

La reforma introducida por Francisco contiene tres importantes novedades en los procedimientos: tender a la gratuidad del proceso -en Granada sólo se cobra a quien se lo puede permitir después de una conversación con la persona afectada-, eliminar la obligación de una doble sentencia de dos tribunales eclesiásticos diferentes y que en los casos más evidentes sea el propio arzobispo el que lleve la causa.

Aparte, el Papa abrió un abanico de razones por las que se podrá dictar que un matrimonio es nulo -que no ha existido a ojos de Dios-. Antes había dos principales motivos de nulidad: no asumir los deberes del matrimonio -infidelidades, malos tratos o adicciones- o la simulación -no informar de un aspecto relevante de la vida, como tener un hijo o haber estado antes casado-. El Papa incorporó con su reforma dos aspectos novedosos: el defecto de fe y la convivencia conyugal breve. Para que la primera causa sea válida sólo hay que determinar que uno de los integrantes del matrimonio no cree en Dios o ha perdido la fe y que se casó por la Iglesia por una cuestión cultural o para contentar al otro miembro de la pareja. En el segundo caso basta con demostrar que han pasado pocos meses entre el enlace y el deseo de acabar con el vínculo. Con este escenario favorable a los procesos de nulidad, las solicitudes se han disparado. Según cálculos de la archidiócesis de Granada, está previsto que en 2016 se inicien unos 80 procedimientos, mientras que en 2015 sólo se empezaron 26 causas.

En Granada se está aplicando a pie juntillas la doctrina marcada por Francisco, dentro del margen de maniobra con el que cuenta la Iglesia granadina. Por ahora, los trámites de nulidad no son gratuitos porque la Conferencia Episcopal Española (CEE) todavía no ha articulado un modelo de financiación para las causas. A la espera de que la CEE adopte una decisión en este sentido, en Granada se siguen cobrando los procesos, pero sólo a quien se lo puede permitir. Sebastián Sánchez, vicario judicial de la archidiócesis de

Granada, ha dado orden de no rechazar «ningún procedimiento» por motivos económicos. «A la persona, cuando viene, se le pregunta qué puede aportar y se le indican las cantidades normales. En nuestra diócesis ha habido reducción de costas en la mayoría de los casos», explica Sánchez, que asegura que los fondos se destinan al propio mantenimiento del tribunal. En cada procedimiento el matrimonio disuelto se dejaba antes unos 2.200 euros por persona. Ahora, por lo pronto, el paso por uno de los tribunales se ha eliminado, por lo que el coste de este 'camino' se reduce como mucho a unos mil euros.

La cuestión de que la causa sea más breve depende directamente de la archidiócesis y en este aspecto Sebastián Sánchez confirma que se ha avanzado todo lo que la doctrina permite. Antes de la reforma papal se tardaba en torno a tres años en lograr una nulidad matrimonial. El proceso tenía que pasar por dos tribunales eclesiales, de los cuales cada uno se tomaba en torno a año y medio en resolver. Ahora, los procedimientos se resuelven en unos seis meses y «sólo en los pocos casos complejos que hemos tenido el trámite se alarga más».

La principal novedad temporal es la vía 'abreviada', en la que interviene el tribunal eclesiástico como instructor, pero es el arzobispo el que dicta sentencia. Para ir por esta vía, que puede solventarse en dos o tres meses, se deben dar algunas condiciones que aligeren el proceso, como que al «entregar

la demanda se entreguen prácticamente la totalidad de las pruebas» y que tanto «la esposa como el marido estén de acuerdo en pedir la nulidad y ratificar lo que se cuenta», añade el vicario judicial. Además, según explica el abogado José Ramón Aramendi, con la reforma «se da más importancia que antes a la declaración de las partes». En el caso de Granada, Francisco Javier Martínez ya ha firmado tres sentencias y tiene otras dos sobre la mesa para valorarlas. Sebastián Sánchez, además, añade que la implicación por parte del prelado con la norma de Francisco ha sido plena: «Don Javier se ha implicado. Se interesó por las novedades cuando se publicó el 'motu proprio' y lo acogió con interés».

Críticos

El 'motu proprio' de Francisco, conocido el pasado 8 de septiembre de 2015, no ha estado exento de crítica en el seno de la Iglesia. Los colectivos más conservadores calificaron el documento como 'la ley del divorcio católico' y lo definieron como «muy preocupante», una afirmación con la que Sebastián Sánchez está completamente en contra. «Es una tesis sin fundamento. No se juega con el sacramento del Matrimonio porque no hay sacramento. No existió. Lo que hacemos es facilitar la disolución de lo que Dios no unió. Pongo un ejemplo, si compro una garrafa de vino, pero cuando la abro no tiene vino... ¿Compré una garrafa de vino? No, no hice trato alguno. Esto es lo mismo», argumenta Sánchez, que coincide con el Papa Francisco, a quien las cifras le han dado la razón.