Un funcionario municipal defiende la legalidad del procedimiento administrativo de la Casa Ágreda

Este funcionario ha declarado durante unas tres horas después de que el miércoles lo hiciera el exdirector técnico de obras municipales, Manuel Lorente, y el pasado 29 de septiembre, el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, en el marco de una causa en la que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales público.

Si la declaración de Lorente estuvo centrada en la tasación que se hizo de la Casa Ágreda, la de este otro funcionario se ha enfocado más al procedimiento administrativo por el que se articuló la adjudicación del derecho de superficie con opción a compra de este inmueble del siglo XVI declarado BIC y situado en el Albaicín.

El funcionario ha explicado ante el juez los pasos seguidos y ha defendido la legalidad y "normalidad" de todo el proceso, según ha detallado a los periodistas a la salida del Juzgado su abogado, Ernesto Osuna.

La próxima declaración por este caso está prevista para el próximo 10 de septiembre, cuando le llegará el turno al representante de la ONG a la que se adjudicó la Casa Ágreda.

La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto hará lo propio el 17 de octubre, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Esta nueva investigación se suma a la de la 'Operación Nazarí', que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril.

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca -hoy alcalde-, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia -a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto-, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, en tanto que a su juicio el alcalde intervino para ejercer "presión" para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE "con todos los gastos pagados", justo después de la 'luz verde' a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015 en las que se impulsó el expediente, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las "arcas municipales".

Por ello, formuló denuncia contra siete personas --el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones-- y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.