Torres Hurtado defiende la legalidad de la venta de la Casa Ágreda

El exregidor ha entrado al edificio judicial rodeado de una nube de periodistas y a preguntas sobre si estaba tranquilo ante esta nueva citación ha contestado que "mucho". "Lamento haceros trabajar", ha agregado a los periodistas que le esperaban a las puertas del Juzgado mientras accedía al edificio.

Torres Hurtado abre este jueves una ronda de declaraciones que incluye a la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, cuya citación se ha trasladado por cuestiones técnicas al 17 de octubre, según han detallado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Junto a ellos declarará, el próximo 5 de octubre, el director técnico de obras municipales en el momento en el que se fraguó la operación, Manuel Lorente, y otro funcionario cuya declaración está prevista para el día siguiente.

El representante de la ONG a la que se adjudicó la Casa Ágresa hará lo propio el 10 de octubre, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Esta nueva investigación se suma a la de la 'Operación Nazarí', que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril.

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca --hoy alcalde--, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaban al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia --a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto--, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

El Ayuntamiento de Granada inició, tras la llegada del PSOE al gobierno local, el expediente para recuperar este inmueble declarado Bien de Interés Cultural tras detectar "incumplimientos" por parte de la ONG al afirmar que "no había presentado el proyecto de rehabilitación" del edificio, tal y como recogía el acuerdo de concesión.

Igualmente, ha trasladado a la ONG su pretensión de recuperar este inmueble para la ciudad y su "rotundo rechazo a seguir adelante con esta venta".