El 29-S 'une' en los juzgados a la exalcaldesa de Motril, Torres Hurtado y su exjefe de Policía

Según fuentes del sindicato Sipan, al que pertenece el denunciante, Jiménez Avilés lo expedientó por participar en un presunto boicot contra la ampliación de la jornada laboral de la Policía Local, cuando la realidad es que ni siquiera estaba en España cuando se produjeron las protestas.

Por su parte, Torres Hurtado, será interrogado como investigado -la antigua imputación- por su supuesta implicación en el intento de venta irregular de la Casa Ágreda, un palacete de propiedad municipal que está ubicado en el barrio del Albaicín. Será en el Juzgado de Instrucción 9.

Delitos contra el honor

En cambio, lo de García Chamorro no será una pesquisa: su caso quedará ya visto para sentencia. La exalcaldesa de Motril y también exvicepresidenta de la Diputación Provincial, se sentará el próximo 29 de septiembre en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 5 de Granada por, presuntamente, haber lesionado el honor de José Luis Hernández Pérez (PSOE), otrora regidor de la ciudad de Guadix y exdelegado de Justicia de la Junta de Andalucía.

En este sentido, Hernández Pérez atribuye a García Chamorro, que actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Motril y diputada provincial, la supuesta comisión de un delito de calumnias con publicidad y otro de injurias graves, unos cargos que conllevan una pena de diez meses de prisión, la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante el tiempo de duración de la condena y una sanción económica.

Alternativamente, Hernández Pérez solicita al magistrado Miguel Ángel Torres, el encargado de enjuiciar el caso, que la exregidora costera sea castigada sólo por un presunto delito de injurias graves con publicidad, una acusación que lleva aparejada una pena de 16 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. El asunto sobre el que tendrá que pronunciarse el Juzgado de lo Penal 5 es ya antiguo. Todo comenzó en 2011, hace cinco años. Por aquel entonces, García Chamorro, que acababa de alcanzar la vicepresidencia de la Diputación, hizo una serie de declaraciones muy duras sobre la gestión de Hernández Pérez al frente de Visogsa, la empresa pública de vivienda de la institución provincial.

El aludido acudió entonces a la justicia para defender su honor, pero el juez que instruyó la denuncia entendió que no había nada ilícito en el comportamiento de la dirigente del PP e insistió en dar carpetazo al expediente.

Disconforme con esa decisión, el exalcalde de Guadix recurrió a la Audiencia, que, al contrario que el magistrado que investigó el caso, sí estimó que García Chamorro podía haber delinquido y ordenó reabrir las pesquisas. De hecho, el tribunal provincial dio la razón a Hernández Pérez en cuatro ocasiones. De ahí que la exregidora de Motril deba sentarse ahora el banquillo.

La Audiencia examinó en profundidad las declaraciones que hizo García Chamorro sobre su rival político y concluyó que esta había rebasado los límites de la crítica política. Entre otras cosas, la dirigente del PP acusó a Hernández Pérez de tener un contrato blindado y de gastar dinero público sin control. De hecho, lo describió como «un gerente de pandereta, farándula y despilfarro».