La Fiscalía estudia las alegaciones sobre la petición de nulidad en el caso Romanones

Después de que la Audiencia de Granada diera un plazo para que las partes se pronunciaran sobre esta solicitud, el Ministerio Público analiza ahora las argumentaciones trasladadas al tribunal por el resto de acusaciones y por el responsable civil subsidiario para fijar y comunicar por escrito un pronunciamiento.

Fuentes de la Fiscalía han avanzado que "previsiblemente" la acusación pública se opondrá a la solicitud de nulidad pretendida por la defensa y que mantendrá de este modo su criterio de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas del proceso, para que éste cuente además con las mayores garantías.

La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los supuestos abusos, ya ha trasladado a través de un escrito, que la solicitud formulada por la defensa es "cuando menos irregular" desde el plano procesal, y entiende que la cuestión podría ser debatida en juicio como cuestión previa.

La Asociación Prodeni, que ejerce la acusación popular, también se ha opuesto a las pretensiones de la defensa y considera que "no ha lugar" a lo solicitado "por cuestiones de forma", y que no se puede plantear en el actual momento procesal la ilegalidad de la prueba sumarial o de un conjunto de actuaciones instructoras.

Por su parte, el Arzobispado de Granada, responsable civil subsidiario en esta causa, recuerda en su escrito, que los tribunales se han pronunciado sobre la viabilidad de considerar, con carácter previo al juicio, cuestiones que pueden "condicionar de forma notable" el mismo.

Al respecto, entiende que la defensa plantea la existencia de "argumentaciones razonables", todavía no expuestas, que podrían justificar su pretensión de declarar la nulidad de un elemento probatorio "que, sin duda, habrá de tener un importante peso a lo largo del juicio".

Para el Arzobispado, que queda a disposición de lo que resuelva "con mejor criterio" la Sala y no explicita un apoyo específico a las pretensiones de la defensa, resolver esta cuestión con carácter previo abundaría en una "mayor seguridad y solvencia" del proceso y constituiría un afianzamiento de la tutela judicial efectiva.

Tras conocer todos estos pronunciamientos, el abogado de la defensa, Javier Muriel, ha señalado que "poca confianza" tendrán las acusaciones cuando prefieren "jugar con cartas marcadas", y más todavía cuando cree que en el expediente canónico "no existe ni el más mínimo indicio inculpatorio".

"Confío en que la Fiscalía, como garante, se muestre a favor de aclarar la posible ilegalidad con que ha sido obtenida la prueba y que la Sala pueda decidir. No todo vale", ha declarado el letrado.

En el escrito provisional de calificación de los hechos Muriel pidió que se fijara audiencia para cuestiones previas con el objetivo de solicitar la nulidad del expediente canónico incorporado "como pieza reservada".

A su juicio, este había sido traído a la causa "en forma contraria a derecho al violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales", recogía el referido escrito, en el que la defensa pedía además la absolución del padre Román y que el joven denunciante pagara las costas.

La defensa del padre Román formalizó su escrito provisional después de que lo hicieran desde junio la Fiscalía, que solicita nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, y las acusaciones particular y popular, que piden 26 y 15 años de cárcel, respectivamente.

El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.