IU exige una respuesta del PP por la última causa abierta al exalcalde

Puentedura ha hecho estas consideraciones durante una rueda de prensa para abordar asuntos económicos y ha recordado que la Fiscalía denunció la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del patrimonial barrio del Albaicín, tras la denuncia que presentaron un empresario y los grupos IU, Vamos Granada y PSOE, entonces en la oposición.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada admitió a trámite este mes de agosto la denuncia de la Fiscalía e investiga al exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y a diferentes responsables de Urbanismo de su gobierno por los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Esta nueva causa contra Torres Hurtado, que dimitió por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística aún bajo secreto de sumario, analizará la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del Albaicín del siglo XVI sobre el que el Ayuntamiento firmó un contrato con la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) para su uso y posible compra.

Puentedura ha detallado que el juez instructor señala al exalcalde, pero también a los concejales que formaron parte de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la adjudicación a AIDE en un acuerdo que "quiso dar naturaleza de legalidad a estas irregularidades".

El portavoz de IU ha explicado que cinco concejales del actual grupo municipal del PP figura como investigados, término que antes era imputados, por estos tres posibles delitos, por lo que ha exigido que asuman responsabilidades en una investigación que ha relacionado con otras causa urbanísticas anteriores.

"El PP no puede estar mirando para otro lado, estar callado ante una situación que forma parte de la posible trama de corrupción urbanística y que implica a anteriores gestores y al grupo municipal actual", ha considerado Puentedura, que ha urgido responsabilidades más allá de las que determinen los juzgados.

Según ha expuesto, los 25 folios del juez instructor en los que comunica la apertura de diligencias constatan "cada una de las denuncias" que se presentaron sobre Casa Ágreda y recalca "errores graves" en el procedimiento de contratación, con añadidos posteriores y lo que interpreta como una "compraventa encubierta".

Puentedura ha recalcado además que el Ayuntamiento valoró en 1,5 millones el acuerdo con la ONG AIDE, un precio un 25 % inferior al de otras tasaciones que llegaron a valorarla en seis millones de euros.

Entre otras diligencias, el titular del Juzgado de Instrucción 9 ha solicitado una pericial sobre el inmueble del Albaicín.