Aprecian un delito medioambiental en los vertidos de la cárcel

El juez instructor de la causa, por que la que declararon en calidad de imputados diferentes cargos de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y servicios penitenciarios, ha terminado la instrucción y ha reducido a cuatro el número de responsables de los vertidos.

En un auto que ha adelantado el periódico Granada Hoy, el instructor ha apuntado que tras las diligencias realizadas, los hechos analizados "pudieran constituir un delito contra el medio ambiente".

La causa por los vertidos procedentes de la prisión granadino empezó a instruirse en 2010 tras la denuncia de la propietaria de un cortijo que apuntó el vertido al arroyo Juncal de aguas residuales procedentes de la cárcel, que afectaron además a su terreno.

La denunciante apuntó que sufría desde 1997 vertidos de aguas fecales que ocasionaron graves daños, por lo que comenzó la instrucción de una causa en la que estuvieron imputados responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), técnicos de la depuradora, cargos de la Junta y de Instituciones Penitenciarias y responsables de la cárcel de Albolote.

El juez instructor, en un auto fechado el pasado 1 de junio, ha reducido el número de investigados a cuatro, el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel; el presidente de la CHG, Manuel Romera; y el comisario de aguas y el jefe del área de calidad de las aguas de esa misma institución, Rafael A.J. y Cándido B.R., respectivamente.

Ha acordado además transformar las diligencias previas del caso en un procedimiento abreviado por lo que se pasará a la calificación de los hechos por las partes y las posibles condenas por dichos delitos antes de la celebración del juicio oral.

El juez instructor ha destacado que "al menos" en el periodo comprendido entre diciembre de 2008 y la actualidad y "como consecuencia de una pauta de vertidos contaminantes" producidos de manera reiterada desde la prisión, se ha originado un daño en la calidad del agua del arrollo Juncal de "un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales".

El auto ha fijado el sobreseimiento provisional respecto a otros cuatro investigados, entre ellos el administrador de la prisión, el jefe de mantenimiento o el excomisario de la cuenca, al considerar que no participaron activamente en los hechos o no pudieron controlar los vertidos.

En la vía de lo Contencioso Administrativo, estos hechos provocaron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía y la condenó en mayo a pagar 900.000 euros por estos vertidos a la denunciante por los daños en su finca.