La detención de Torres Hurtado, un episodio más de la guerra entre Interior y Fiscalía

La declaración oficial de guerra llegó de improviso y en forma de nota a todos los medios de comunicación, el jueves, poco antes de las ocho de la tarde. La Fiscalía General del Estado lanzaba un inaudito comunicado acusando al Ministerio del Interior de poco menos que haberse sobrepasado con la detención, el miércoles, del alcalde de Granada, José Torres Hurtado.

En su documento, el departamento que dirige Consuelo Madrigal sacaba toda la artillería para denunciar que los indicios contra el regidor «no permitían fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales» como su arresto y el registro de su domicilio.

Todo ello en el marco de una investigación en la que, según la Policía, Torres Hurtado, sin embargo, está en el epicentro de una trama corrupta urbanística que ha movido millones de euros.

«Las detenciones se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma», azuzó la Fiscalía.

La provocación de Madrigal y los suyos fue respondida de inmediato con otra nota oficial de la Dirección General de la Policía, en la que Interior aseguró tajante que «todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley» y que «la investigación ha estado monitorizada en todo momento por la Fiscalía y bajo la tutela del juzgado».

¿Qué había ocurrido para que el Ministerio Público en un gesto inaudito se lanzara sin piedad contra el cuerpo que dirige Ignacio Cosidó? En realidad, explican fuentes fiscales y policiales, en la capital granadina solo se estaba ventilando una batalla más de una guerra entre la facción más política de la Policía y la Fiscalía.

Una guerra que se declaró oficialmente el jueves, pero que en realidad comenzó el pasado febrero a cuenta de los intentos de ese grupo policial más cercano a la cúpula política del cuerpo de apuntar contra la financiación de Podemos en contra del criterio del ministerio público, que nunca vio delito en las cuentas de la formación que dirige Pablo Iglesias.

El alcalde de Granada aseguró que la orden de detenerle, sin que mediara mandamiento judicial previo, solo pudo partir del jefe de la UDEF, del subdirector de la Policía Nacional, el director general del cuerpo, un secretario de Estado o del propio ministro del Interior.

Según diversas fuentes, quizás Torres Hurtado no vaya muy desencaminado. Lo cierto es que el grupo de policías más cercano al poder en el seno de la UDEF está también detrás de la batalla con la Fiscalía que comenzó después de que el Ministerio Público el pasado febrero rechazara de pleno dar la menor credibilidad al llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.