Alaya cifra en 44 millones el dinero sin justificar en el caso Edu en Granada en 2012

Alaya cifra en 44 millones el dinero sin justificar en el caso Edu en Granada en 2012

Un ex cargo del servicio de Formación en Granada dice que avisó a sus superiores de las justificaciones pendientes de cursos y subvenciones

EFE seviolla

La juez Mercedes Alaya ha concluido la ronda de comparecencias de los diez jefes de servicio de Formación a los que imputó por "las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones".

La ronda ha acabado con las comparecencias de los jefes de servicio de Sevilla, Daniel Fito, y de Córdoba, Manuel Gavilán, en las que ambos se han acogido a su derecho a no declarar.

La decisión de no declarar la han seguido ocho de los diez jefes de servicio, a los que la juez imputa prevaricación y malversación de caudales públicos.

Uno de los que ha declarado, el jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, aseguró que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y subvenciones así como de la "falta de atención" y "laxitud" que le mostraron, aunque no tuvo éxito en sus gestiones.

Un ex cargo del servicio de Formación en Granada dice que avisó a sus superiores de las justificaciones pendientes de cursos y subvenciones

Tras esa contestación, la juez Alaya le recordó que en diciembre del 2012, en la Delegación de Granada había casi 44 millones de euros pendientes de justificar.

El jefe de servicio de Formación en Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez, que también declaró, afirmó que no se explicaba las irregularidades observadas por la Intervención en la gestión de los cursos de formación y justificó el "desorden" de los expedientes por la actuación de la empresas que se encargó del escaneo.

La juez a los jefes de servicio después de la detención en marzo de 2015 de los responsables entre 2009 y 2012 de los directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Estos directores descargaron la responsabilidad en la gestión de los expedientes relativos a las subvenciones para acciones formativas en los jefes de servicio, según apuntaba la Guardia Civil en el atestado que sirvió para las últimas imputaciones.

Según la juez, los jefes "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones pendientes de justificar".

Además, sostiene que los acusados tenían bajo "su competencia tanto el departamento de planificación como el de seguimiento y el de gestión económica", desde el que permitieron que se "confeccionaran los certificados por lo que se acreditaba ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para las que se concedieron".

También permitían, según la juez, que constara el "cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".