Los bancos iniciaron cuatro ejecuciones hipotecarias de viviendas al día en 2014

Las secuelas de siete años consecutivos de crisis en los que decenas de miles de granadinos han perdido su puesto de trabajo, no dejan de aparecer en los informes de distintos organismos públicos. Semanas atrás, fue el Instituto Nacional de Estadística (INE) quien daba cuenta de las ejecuciones hipotecarias de fincas rústicas, urbanas y solares con que terminó el pasado año. Un capítulo este que engloba a las viviendas habituales más segundas residencias y que refleja los problemas que se le plantean a 1.658 familias, particulares y empresas de toda la provincia cuyos inmuebles han sido embargados.

La mayor parte de todos estos procedimientos de ejecución hipotecaria concluirán con procesos de lanzamiento, puesto que los afectados que no han podido pagar el préstamo con el que financiaron la compra de su vivienda no suelen tener otros recursos con que hacer frente a la deuda bancaria que no sea la entrega de las llaves de la misma.

Esos 1.658 procesos emprendidos por los bancos suponen una media diaria de más de cuatro. Una cifra a todas luces excesiva y que anticipa los desahucios que se llevarán a cabo a lo largo de los dos próximos años, por término medio.

Casos distintos

La mayor parte de los titulares de las viviendas cuya propiedad reclaman las entidades financieras al no haber podido cobrar los préstamos, son familias entidades físicas, en la jerga del INE con 1.173 casos registrados al término del pasado año. El resto tienen titularidad jurídica, por lo que cabe entender que son propiedad de distintos organismos públicos o privados, asociaciones, empresas, despachos profesionales y otros. Aunque para estos también supone un varapalo quedarse sin unos inmuebles que adquirieron en una situación de bonanza o al menos de estabilidad que les permitía abonar las cuotas de préstamo hipotecario, sin duda la repercusión es mucho menor que en el caso de los particulares que tienen su domicilio habitual en la vivienda que le reclaman los bancos. En cualquier caso, el INE no diferencia entre lo que son viviendas habituales y las que se utilizan de forma esporádica, bien por sus titulares o por terceras personas. No, al menos, en los datos provincializados que ofrece.

Los datos aportados por el organismo oficial dan otra pista relevante y en línea con lo antes mencionado, pues entre seis y siete de cada diez viviendas que reclaman los bancos fueron adquiridas con créditos suscritos entre 2005 y 2008. Es decir, en los años previos a que estallase la crisis económica y en el primero de ella. Años en los que los bancos financiaban con facilidad la compra de estos bienes e incluso completaban el préstamo para que su titular pudiese amueblar también el piso o la casa hipotecada o comprarse un coche.

En cuanto al estado de la vivienda en cuestión, el INE diferencia entre nuevas y usadas. Los procedimientos de ejecución hipotecaria se dirigen mayoritariamente contra las de segunda mano (1.658) frente a las de nueva construcción (394). La razón de este desequilibrio obedece a que en pleno boom inmobiliario, el coste del metro cuadrado construido en Granada era más económico en los pisos y casas usados que en los nuevos. La diferencia hizo que muchos compradores optasen por los primeros para ahorrarse un buen pellizco.

De la magnitud del problema que supone el hecho de enfrentarse a un embargo judicial de la vivienda, que no es otra cosa que la ejecución hipotecaria, da idea también el trabajo que ha desarrollado en Granada la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, que pusieron en marcha conjuntamente la Diputación Provincial y el Colegio de Abogados. Desde abril de 2012 y hasta febrero de 2015, recibió 544 expedientes, de los cuales 530 se enviaron al órgano colegial con la documentación necesaria completada. También recibieron unas 1.900 llamadas y atendieron 878 visitas que planteaban el mismo problema. Al menos unas 300 familias han visto resueltos sus casos gracias a la intervención de este organismo.

Por otra parte, fuentes del Registro de la Propiedad de Granada señalaron a este periódico que las ejecuciones hipotecarias suponen un proceso judicial, en el que entre otras muchas cuestiones el juez correspondiente ordena un certificado de cargas que hace constar en el documento de la vivienda que obra en poder de este organismo que se ha iniciado un proceso de ejecución de la misma por impago de un crédito.