La juez Alaya deja en libertad con cargos a la exdelegada de Empleo Marina Martín

Las mismas fuentes han indicado que la detenida se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que la magistrada la ha dejado en libertad con cargos sobre las 15,30 horas después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado para ella ninguna medida cautelar de carácter real ni personal.

Tras finalizar su comparecencia, el abogado de la detenida ha defendido que su patrocinada "es absolutamente inocente".

En estos momentos está compareciendo ante la instructora la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, tras lo que le tocará el turno a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, y a la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano.

Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con cargos esta madrugada a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros-- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En este caso, la juez investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, han añadido las fuentes, que han indicado que la operación se denomina 'Barrado' porque en el sistema contable de la Junta existe un documento con dicho nombre cuyo objeto es anular total o parcialmente otro documento contable de la misma naturaleza.

Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.

En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.

También hay detenidos siete ex delegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las ex delegadas de Empleo en Almería, Jaén y Granada.

En Málaga, y además de al ex delegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al ex director gerente y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la ex directora gerente del consorcio Formades.

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".