Prodeni habla de agresión sexual con violación en el caso Romanones y rechaza la prescripción

Prodeni justifica la no prescripción de los hechos porque considera que no solo han existido abusos sexuales, sino «agresiones sexuales» e incluso algunos hechos más concretos «podrían reunir entidad suficiente para ser considerados delito de violación». Y además, sería sostenible su consideración de «delito continuado».

Esta asociación mantiene que hay base jurídica suficiente para entender que en su día hubo «intimidación» en los hechos denunciados, tanto en la autoría principal en la figura de Román Martínez o en los coautores Francisco Campos M., Manuel Morales M. y Sergio Quintana M. La existencia de intimidación es clave para diferenciar si un delito es calificado como agresión o como abuso sexual.

«Las penas máximas señaladas para estos tipos delictivos son muy superiores a los cinco años por los que no han prescrito aún los delitos, pues no han transcurrido diez años hasta la presentación de la denuncia», recoge el escrito de Prodeni. La primera denuncia se presentó el 14 de octubre de 2014 ante la Fiscalía del TSJA, seis años después de que la principal víctima hubiera cumplido los 18 años, momento en el cual el Código Penal dice que, tratándose de un delito infligido a un menor de edad, comienza a contar el tiempo de la prescripción. Los delitos denunciados por la víctima ocurrieron cuando él tan solo tenía entre los 14 y 17 años.

Prodeni considera que los ocho miembros del clan de los Romanones no detenidos el pasado mes de noviembre, aunque imputados en la causa, deberían ser acusados de «cooperación no necesaria o complicidad» y para ellos no habría prescrito tampoco su implicación en el caso.

Prodeni también califica de agresión sexual los presuntos hechos cometidos contra el segundo denunciante y acusa como autor al sacerdote Román Martínez.

La asociación solo advierte la posible prescripción en el caso Romanones, de los posibles delitos de abusos enunciados en su declaración por uno de los testigos que declaró ante la Policía Nacional.

Prodeni también considera que los imputados podrían estar constituyendo una «asociación ilícita» al entender que la mayor parte de los miembros del grupo disponían de un importante patrimonio y compartían.