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José Ramón Villalba
Domingo, 28 de diciembre 2014, 00:31
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Una abogada granadina fue arrestada la pasada tarde del jueves 25 por la Policía Local acusada de un atentado contra la autoridad pública. Los agentes se encontraron con un vehículo aparcado en un carril bus de los utilizados por las Líneas de Alta Capacidad (LAC) en la avenida de la Constitución, a la altura del número 26 de la citada calle, el pasado día de Navidad pasadas las 20 horas. Tras ponerle una multa por esta presunta irregularidad al conductor, la copiloto del vehículo, según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas, se encaró con los agentes. Presuntamente les insultó y agredió, llegando a arrojar el boletín de la sanción de tráfico al suelo con ademanes de desprecio hacia los policías.
La situación cada vez fue a más. Los agentes pidieron refuerzos y llegaron más coches patrulla de la Policía Local para calmar la situación. Más bien ocurrió al contrario. Presuntamente, la mujer comenzó a lanzar insultos contra los agentes y a propinar supuestas agresiones a los policías, tal y como ha podido saber este periódico.
Los agentes de la Policía Local decidieron arrestar a la abogada granadina y trasladarla a la comisaría Norte de la Jefatura Superior de Policía, donde fue entregada en calidad de detenida, acusada de atentado contra la autoridad pública. Tras tomarle declaración quedó en libertad con cargos y en espera de celebración de juicio, sobre las doce de la noche de ese mismo día.
Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, son infracciones de parada o aparcamiento graves: parar o aparcar en el carril bus, en curvas, zonas de aparcamiento para discapacitados, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, cruces o en cualquier lugar peligroso o en el que se entorpezca de forma grave la circulación o ponga en riesgo a otros vehículos o peatones. La multa conlleva un mínimo de sanción de 200 euros.
Otra cosa bien distinta es el presunto delito de atentado contra autoridad pública, que en el caso de salir condenada puede conllevar penas de prisión.
Lo extraordinario de esta noticia es que sea un letrado, en este caso una abogada, quien se vea envuelta en un delito de este tipo, principalmente, porque son estos profesionales quienes muchas veces trabajan codo con codo con agentes de la autoridad, ya sean guardias civiles, policías nacionales o locales.
Aunque no son idénticos un caso al otro, la política del Partido popular Esperanza Aguirre se vio envuelta meses atrás en un suceso de resistencia a la autoridad -Policía Local- en Madrid después de estacionar su coche en un carril bus y hacer caso omiso de los agentes cuando trataban de pararla para imponerle la correspondiente sanción. Finalmente lograron entregarle en mano el boletín de la multa de tráfico.
Las partes serán citadas próximamente para la celebración de un juicio donde se aclarará lo ocurrido.
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