La Junta exige a Fomento otro informe de las obras del AVE por Loja que condiciona los plazos

Adif tiene previstas dos actuaciones en el tramo. La primera es la instalación de la línea aérea de contacto del AVE en el tramo Bifurcación de Riofrío-Bifurcación de Tocón, es decir, la electrificación de la vía. La segunda, la renovación de vía y permeabilización del trazado a su paso por Loja. El organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, envió al jefe del Servicio de Protección Ambiental un escrito para proceder al trámite de consultas de evaluación de este aspecto. El documento, según la Junta, describe brevemente la solución adoptada, que consiste en «la instalación de un sistema de línea aérea de contacto con catenaria compensada e instalada sobre postes de acero galvanizado», una actuación que será de carácter provisional para la puesta en servicio de la línea del AVE Antequera-Granada. Sin embargo, Adif no aportó en su momento información técnica ni gráfica detallada de las acciones necesarias, por lo que Medio Ambiente entiende que no dispone de suficientes datos para realizar una correcta evaluación.

«El documento ambiental ahora presentado se ciñe solo a la instalación y funcionamiento de la infraestructura eléctrica (...), obviando total y absolutamente el resto de acciones precisas para el objeto final de la actuación proyectada», explica Protección Ambiental. Más aún, la Junta de Andalucía afea a Adif que no haya presentado un proyecto de estimación de impacto completo y le haya enviado solo una «fracción» del total.En este sentido, le advierte de que fragmentar los trabajos «carece de sentido e impide la correcta evaluación».

Niveles acústicos

La Delegación Territorial, según el escrito de respuesta al que ha tenido acceso IDEAL,«no encuentra justificación alguna a este planteamiento en la tramitación ambiental del expediente» y le advierte de que podría ocasionar «una demora innecesaria en su ejecución, más aún si se considera que Adif Alta Velocidad ya ha contado con información sobre las actuaciones que, por su relevancia ambiental, debieran ser consideradas en la evaluación ambiental de la actuación para lograr (...) la correcta integración de los aspectos medioambientales» en la elaboración del proyecto. Y echa en falta «el establecimiento de las medidas que permiten prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente y las medidas de vigilancia o seguimiento que resulten necesarias».

A la Junta le preocupa que la tramitación separada de las actuaciones proyectadas «imposibilite abordar de forma efectiva la afección de cauces públicos, el efecto barrera sobre las especies faunísticas del territorio y sobre la propia población que supondrán la construcción de un cerramiento en los 27 kilómetros de línea férrea», así como «la afección en materia de calidad acústica en el suelo urbano de Loja contiguo a la línea férrea, derivada del considerable incremento de circulaciones diarias de trenes por el tramo de vía afectado».

En concreto, el jefe de Servicio de Protección Ambiental solicita más detalles sobre las actuaciones en el apeadero de San Francisco de Loja y la propia estación lojeña. También del refuerzo de la bóveda y hastiales y del rebaje de la solera en los tres túneles existentes, la rehabilitación y mejora de estructuras existentes (puentes de Plines y Quebrada, cuatro paso inferiores y cinco pasos superiores) y las estructuras de nueva ejecución (seis pasos a distinto nivel, dos pasos inferiores, dos marcos rectangulares de drenaje, un paso urbano inferior peatonal y diferentes tipos de muros de contención de distinta altura y longitud). Además, requiere valorar «adecuadamente» la afección que producirá el nuevo tráfico ferroviario que soportará el tramo, «con especial atención al incremento de los niveles sonoros y su incidencia en el núcleo urbano de Loja».

Por todo ello, según el escrito fechado el pasado 16 de octubre, la Junta de Andalucía deniega la petición del Ministerio de Medio Ambiente de evaluación ambiental y conmina a Adif a «aportar en el menor tiempo posible» un nuevo documento que permita «un correcto procedimiento de evaluación simplificada que garantice la ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados». Adif tenía un plazo de treinta días para remitir el nuevo informe. Fuentes consultadas por este periódico apuntaron que el documento aún no ha llegado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente.