Varios vecinos del Serrallo denuncian ante la fiscalía a la comunidad y al Ayuntamiento

Estos supuestos delitos se los atribuyen a los miembros de las sucesivas juntas directivas, sus presidentes y administradores, cuyos nombres y datos personales los aportarán si la fiscalía los requiere en su momento porque observe indicios para incoar diligencias previas.

Pero los vecinos no se quedan solo en los representantes legales de la comunidad de propietarios, sino que hacen extensible su acusación a aquellos «funcionarios públicos y demás personas que, con conocimiento de los hechos que se denuncian, hayan sido partícipes en su comisión, ya sea por comisión o por omisión, cooperación necesaria o encubrimiento, pudiendo dar lugar asimismo a supuestos delitos de prevaricación». Es decir, apuntan directamente al Ayuntamiento de Granada, al que acusan de negligente por no hacer frente «formalmente» a la «obligada recepción» de las obras de la urbanización desde que fue construida a pesar de que la normativa le obliga a ello.

Según el escrito, al que ha tenido acceso IDEAL, la administración municipal no ha asumido «su obligación de conservación, mantenimiento y adecuación de la totalidad de las obras y servicios de la urbanización, pero otorgando a lo largo del tiempo, eso sí, con un suculento y lucrativo beneficio para las arcas públicas, tanto las iniciales licencias de obras como, posteriormente, sus correspondientes licencias de primera ocupación de los edificios y viviendas construidas». Los vecinos denunciantes entienden que el Ayuntamiento ha auspiciado con su actitud omisiva la «indebidas atribuciones asumidas por las sucesivas juntas directivas y sus administradores (...) para la realización, hasta ahora impune, de un cúmulo de conductas indiciariamente delictivas, con claro perjuicio para una mayoría de los propietarios de El Serrallo y menosprecio para el resto de ciudadanos de Granada».

En la denuncia, acompañada por una amplia documentación sobre todo el asunto del suministro irregular del agua que se ha venido produciendo desde el 1977, los vecinos trasladan a la fiscalía de Medio Ambiente que la conservación y prestación de los servicios municipales básicos y esenciales «se vienen realizando con el sometimiento a una ilegal gestión y control de sucesivas juntas directivas de la comunidad de propietarios de El Serrallo en régimen de propiedad horizontal». Acusan a la comunidad de utilizar «métodos fraudulentos y clandestinos» para la gestión de los servicios públicos.

Reparto desequilibrado

También denuncian el «grave e injusto desequilibrio y desigual distribución de los gastos, servicios cuya prestación debería haber sido públicos», como el abastecimiento de agua potable a las viviendas, la conservación de los viales, la red de alumbrado público, la red de alcantarillado o el mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas.

La urbanización El Serrallo tiene desde hace dos años una reclamación de más de dos millones y medio de euros de Emasagra por el uso irregular de la red de vertidos municipal sin haber abonado nunca dinero por ello. Las viviendas siempre, desde su construcción y constitución en comunidad, siempre se han autoabastecido de agua de un pozo privado.

Hace un año, vecinos de varios edificios denunciaron que la comunidad de propietarios habían hecho un reparto desigual de la millonaria deuda que reclama Emasagra. Descubrieron que viviendas más pequeñas y sin parcela debían pagar más que chalés con grandes extensiones de jardín y piscina. Reclamaron ayuda al Ayuntamiento y, tras meses de reuniones, este respondió días atrás decretando que la comunidad selle el pozo privado y Emasagra conecte las acometidas a la red municipal de agua. Ante esto, la comunidad ha convocado una reunión urgente para mañana.