Tribunales que levantan suspicacias

Entre estos últimos señalan a la presidenta del tribunal del último concurso de oposición libre que seleccionó personal para quince plazas de subalterno de la administración general. Su nombre es Concepción Núñez Sánchez, es secretaria del Área de Movimiento Electoral en el comité ejecutivo provincial del PP, dentro de la Vicesecretaría de la capital,y concurrió en las elecciones municipales de 2011 en la lista de José Torres Hurtado en el puesto número 21. Muñoz ha participado en seis tribunales desde 2009 hasta 2014: de administrativos en 2009; de auxiliar administrativo en 2010; de monitor de Participación Ciudadana en 2012; de técnicos de gestión en 2012; de técnico de administración general en 2013; y, por último, de subalternos en 2014.

En su día, recuerda CGT, «fue nombrada directora del extinto IMFE sin cumplir los requisitos, ya que no era titulada superior, como se exigía». También ha sido subdirectora de Participación Ciudadana y, en la actualidad, es la coordinadora del área de Educación, Consumo y Empleo. Ambos, el actual y el anterior, son puestos de confianza del concejal de turno, algo que no le impide legalmente formar parte de tribunales, puesto que es funcionaria. Aunque al sindicato le escama que estuviese en el que el año pasado seleccionó a la concejala de Economía por el PPen el Ayuntamiento de Almería y diputada provincial, Rebeca Gómez.

«En esta oposición, de inicio, solo se sacó a concurso una plaza, pero al sacar las notas del tercer y último ejercicio, se sumó una plaza más, que fue para esta mujer, lo cual fue visto por la plantilla como todo un pucherazo», señalan desde la CGT. En dos de los tribunales en los que participó Concepción Muñoz lo hizo también su marido, Antonio Hurtado, que trabajó como ingeniero industrial en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento. Pertenece a la administración especial y, pese a ello, ha participado en cuatro tribunales desde 2010. Con su esposa coincidió en dos oposiciones convocadas el año pasado. Fue director general de Organización y Prevención de Riesgos Laborales, cargo de libre designación del concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes. Según la CGT, por pertenecer a la administración especial no está facultado para participar en los tribunales.

Otro caso que levanta suspicacias en el sindicato es el de Antonio Fernández Lupión, que ostenta el cargo de secretario del área de Electoral del PP provincial dentro de la Vicesecretaría de Granada capital. Para la CGT, lo más llamativo es que Fernández Lupión fue condenado por sentencia firme por el Juzgado de los Penal número 2 de Granada, que le consideró responsable de un delito de falsedad documental oficial. Se le aplicó una condena de veinte meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo concurrir a unas elecciones y doce meses de multa.

En ese mismo juicio fue condenada también la fugaz concejala de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Cristina Almagro. Ambos fueron condenados por falsificar certificados para que ella se convirtiese en presidenta de la asociación de vecinos del Albaicín cuatro años antes. Almagro se vio obligada a dimitir de su cargo el 10 de junio de 2011. Fernández Lupión ha sido miembro de tribunales de oposición en cuatro ocasiones entre 2009 y 2014. En todos ellos ha coincidido con su compañera de partido, Concepción Muñoz.

Sin respuesta municipal

Este periódico trasladó las quejas de CGT al Ayuntamiento para conocer la versión del responsable de la concejalía de Personal, sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta.

A los representantes sindicales del cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Granada les llama también la atención el parentesco de dos personas con el portavoz municipal del PPy concejal de Cultura, Juan García Montero. Son el jefe de sección en Consumo y cabeza de lista del sindicato CSIF y la coordinadora del centro cívico del distrito Chana, sobrina del anterior e hija de la antigua jefa del servicio de Selección y Formación, hoy jubilada. En este caso sí hubo respuesta y fuentes municipales señalaron a este periódico que el hecho de ser familia no es vinculante de ningún modo porque algunos de ellos eran funcionarios antes de que García Montero fuese edil, con lo cual, no entienden la suspicacia. «Son empleados públicos y es una forma de levantar falsas sospechas sobre ellos», apuntaron las fuentes.

El jefe de sección en Consumo ha participado en cuatro tribunales desde 2010. Ese año estuvo presente en dos, en las oposiciones para administrativos y en las de auxiliares. En 2011 estuvo en el tribunal para selección de una plaza de subalterno y este año lo ha hecho también en otra convocatoria para subalternos. Antes de jubilarse, su hermana, antigua jefa de Selección y Formación, participó en 2008 en otra concurso para auxiliares y en uno para administrativos en 2009. Su hija ha coincidido en tres tribunales con su tío:administrativos en 2010, subalterno en 2011 y subalternos en 2014. También estuvo en la selección de un monitor de Participación Ciudadana en 2012, tribunal en el que estuvieron presentes Concepción Muñoz y Antonio Fernández Lupión, los dos cargos del PP.

Tía y sobrino

En el más reciente, el de subalternos de administración general convocado este año, CGT ha observado que uno de sus miembros, que estuvo en cuatro tribunales anteriores entre 2010 y 2012 algunos coincidentes con los anteriores es sobrino de la que fue directora general de Personal durante varios años. Esta funcionaria perdió tal condición al cumplir 70 años, sin embargo, no se jubiló. El Ayuntamiento le hizo un contrato laboral y siguió ejerciendo como directora general. La contratación fue declarada fraudulenta, ya que el puesto estaba reservado a funcionarios.

Cesó en su cargo. Sin embargo, según la CGT, el equipo de gobierno «modificó después el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que los no funcionarios sí puedan ser directores generales». Su vuelta fue aprobada recientemente. Ha sido presidenta en dos tribunales, el de auxiliares en 2008 y el de administrativos en 2009. En 2013 fue miembro en el de técnicos de gestión. Su sobrino ha estado presente en cinco convocatorias desde 2010 hasta la más reciente de subalternos.

Más allá de la relación familiar de algunos miembros, los tribunales son «sospechosos» para CGT, sobre todo, por la vinculación de varios con el PP. Ajuicio de los sindicalistas, «si el propio gobierno no garantiza un acceso transparente a la función pública, está actuando en contra de la ciudadanía». En este sentido, entienden que la «opacidad» preside el Ayuntamiento en estos asuntos y desaprueban que no exista «mayor rotación», que no participen otros empleados públicos con capacidad para ello. No obstante, resaltan que hay miembros de los tribunales que no tienen relación alguna con partidos políticos.