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El PP urge a Justicia para que ponga en marcha la oficina "antidesahucios"

El PP urge a Justicia para que ponga en marcha la oficina "antidesahucios"

Su puesta en marcha fue aprobada en junio en el Parlamento con el voto del Grupo Popular e IU

EFE

Martes, 4 de noviembre 2014, 14:18

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El PP-A ha exigido este martes a la Consejería de Justicia que ponga en marcha ya la oficina judicial "antidesahucios" aprobada en junio en el Parlamento de Andalucía a través de una proposición no de Ley que fue apoyada por el Grupo Popular e IU.

El parlamentario y portavoz de Justicia del PP andaluz, Juan Ramón Ferreira, junto al concejal de Familia Bienestar Social, Fernando Egea, han considerado que esta oficina podría atender a los afectados desde que se dicta el primer auto por procedimientos de lanzamientos, de manera gratuita y sin coste para la administración.

En ese sentido, Egea ha recordado en rueda de prensa que el pasado diciembre el Ayuntamiento de Granada firmó un protocolo con el Decanato de los Juzgados para la puesta en marcha de esta experiencia de manera pionera.

El objetivo era garantizar una adecuada información y coordinación entre los funcionarios judiciales y los servicios sociales municipales, para que estos pudieran ponerse en contacto con los afectados desde los primeros instantes del proceso y así poder plantear soluciones al desalojo con un margen temporal adecuado.

Egea ha destacado que el propósito es poder atender el mayor número posible de afectados por un desahucio durante los tres primeros días para que, a través de un acuerdo de mediación, de asesoramiento jurídico o de la búsqueda de una vivienda alternativa, se pueda resolver la situación.

El edil ha añadido que desde la puesta en marcha de este servicio se ha atendido a 32 familias y que entre el 60 o 70 por ciento de los casos que se han canalizado en la capital se han cerrado con una solución adecuada.

Por ello, en opinión del concejal es "incomprensible y antisocial" que el PSOE en el Parlamento andaluz votara en contra de dicha iniciativa que, de extenderse de manera genérica a toda Andalucía, podría beneficiar a varios cientos de familias en la comunidad autónoma.

Ferreira ha coincidido con Egea en reclamar al Gobierno andaluz la extensión e implantación de este servicio a toda Andalucía porque, además de ser una obligación al haberse aprobado en la cámara autonómica, se trata de una urgencia social y de un servicio muy útil.

En la misma línea, ha recordado que en octubre de 2014 se formularon dos preguntas parlamentarias en la Comisión de Justicia para instar al consejero a que explicara por qué no se ha cumplido con el mandato parlamentario cuatro meses después de su aprobación.

El parlamentario ha lamentado que Emilio de Llera se haya excusado en supuestas dificultades administrativas para negar la implantación de una "iniciativa sencilla, eficaz y sin coste".

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