La seguridad privada ayudará a la pública

Policía Nacional y Guardia Civil contarán desde el próximo miércoles 4 de junio con una colaboración más estrecha de los mil cien vigilantes de seguridad privada habilitados en la provincia de Granada. La nueva ley de Seguridad Privada permite a la Administración pública contratar los servicios de estas empresas para servicios encomendados a la seguridad pública, «complementando la acción policial». Las nuevas funciones también podrán realizarse por guardas rurales. Estos servicios complementarios aún están por definir en los correspondientes reglamentos que desarrollarán esta nueva ley y en todo momento estos vigilantes actuarán bajo la tutela de Policía y Guardia Civil cuando intervengan en servicios conjuntos.

«La nueva normativa abre una vía al desempeño de nuevos servicios de seguridad privada. Nosotros entendemos que la colaboración entre la seguridad pública y la privada favorece mucho a la seguridad ciudadana en general, puesto que se suman esfuerzos, siempre desde el punto de vista de subordinación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Algunas funciones ya se estaban prestando, como la vigilancia en centros penitenciarios, la protección de barcos atuneros en el Océano Índico o el mantenimiento de la seguridad de infraestructuras críticas.

Gracias a la nueva ley, se recogen expresamente otras actividades que ya se estaban desarrollando de acuerdo con una interpretación amplia del reglamento, como la vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos», señala Miguel Sánchez Pizarro, presidente en Andalucía de la Asociación profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Aproser.

La nueva ley de Seguridad Privada no permitirá a los vigilantes privados exigir la documentación a cualquier ciudadano como lo puede hacer la Policía Nacional o Guardia Civil en cualquier momento. Solo podrán anotar los datos personales de esos retenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos. Tendrán la potestad de retener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección», tal y como ocurre en la actualidad cuando una persona es sorprendida en una tienda robando.

La ley no viene a descubrir secretos nuevos. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil cuentan con la seguridad privada para operativos como el del Plan Comercio Seguro, donde estos agentes privados son claves para prevenir robos y hurtos en el interior de los comercios. La vigilancia en gasolineras, restaurantes, urbanizaciones o edificios públicos ha permitido prevenir o colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en la resolución de muchos delitos o faltas. Ahora se establecerán planes obligatorios periódicos de coordinación entre la seguridad pública y la privada. Como ejemplo, destacar que la Dirección General de la Policía Nacional dispone de un plan estratégico, conocido como Segurpri, de colaboración con las empresas de seguridad para la prevención del delito.

Eso sí, a los agentes de la seguridad privada ahora se le reconocerá una especial protección jurídica como autoridad a los efectos penales en determinados supuestos y cuando se cometan contra los mismos delitos de atentado o desobediencia, siempre en el ejercicio de sus funciones y bajo el mando o coordinación de los agentes policiales.

«Sin duda alguna, uno de los aspectos más positivos de la nueva ley es la intensificación de la lucha contra el intrusismo de todo tipo. Para ello, en su Disposición Adicional Tercera, la nueva norma establece que los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo», explica Miguel Sánchez.

Policía Nacional, institución encargada de velar para que estas empresas privadas cumplan con su cometido, recibe una media al mes de dos denuncias por intrusismo.Aunque esto puede ser la punta del iceberg. «El intrusismo en esta profesión existe y la nueva ley lo combate. En el boom de la construcción, muchas obras eran vigiladas por personas ajenas a la seguridad privada y hoy en día seguimos viendo cómo en bastantes salas de fiesta que superan el aforo de 300 personas no tienen ni un solo vigilante de seguridad privada, tal y como les obliga la ley». Las palabras son de Rafael Pozo, responsable regional de Levantina Seguridad, una empresa que solo en Granada cuenta con medio centenar de trabajadores. «La nueva ley no cambiará a grandes rasgos nuestras funciones, pese a todo el bombo y platillo que se le ha dado. Únicamente nos dará más seguridad jurídica y nos ayudará a combatir el intrusismo. Todo ello permitirá aumentar las plantillas de trabajadores, que para los tiempos que corren no está mal».

Más aspirantes

Los aspirantes a las pruebas que efectúa la Policía Nacional para conseguir la habilitación como vigilante privado han aumentado más de un 20% si se compara con los datos de de 2008, cuando la crisis comenzó a presentarse. Los futuros vigilantes deben hacer un curso previo y después someterse a un examen, que tiene pruebas físicas también. No pueden tener antecedentes penales y no haber sido sancionado en dos o cuatro años, respectivamente, por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad. Esto significa que sí han podido cometerlas con anterioridad. En el caso de las condenas por vulneración del derecho al honor a la intimidad y otros derechos fundamentales, Interior no cuenta las que se produjeran hace más de cinco años.

Muchos detectives privados sí han puesto el grito en el cielo, porque a ellos no les favorece tanto la nueva norma. La asociación profesional de Detectives Privados de España, APDPE, comunicó en su boletín del pasado mes de marzo que la nueva norma supondrá una falta de confidencialidad porque no protege los derechos del cliente y del investigado, al obligar a comunicar a la Policía Nacional cada uno de los encargos que reciben, aunque no sean competencia de la seguridad pública, como infidelidades conyugales, impago de obligaciones, reclamaciones a aseguradoras, entre otras. La prohibición de investigar asuntos penales o de personas acusadas de un delito, lo cual mermará su defensa ante los tribunales.

La nueva ley de Seguridad Privada convertirá a los 1.100 agentes granadinos en unos aliados perfectos de las fuerzas de Seguridad del Estado, aunque sin irrumpir en el marco de competencias de Policía y Guardia Civil. El delito y la delincuencia no es privada, por ello es mejor combatirla «desde todos los frentes posibles», incluido el de la seguridad privada.