La controvertida titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba

A principios de febrero una ciudadana particular registró en internet una petición de firmas para solicitar al Obispado "que devuelvan la Mezquita de Córdoba a la ciudad"

JUAN VELASCO, EFECÓRDOBA
La controvertida titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba

La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha sido en los últimos días objeto de la polémica, puesto que, si ninguna administración pública lo solicita, en 2016 pasará a ser de manera oficial de la Iglesia, entidad que la gestiona.

A principios de febrero una ciudadana particular, Ana Vera, registró en un portal de internet una petición de firmas para solicitar al Obispado "que devuelvan la Mezquita de Córdoba a la ciudad", que ya ha alcanzado más de 75.000 apoyos.

Vera ha explicado que con esta petición su intención era informar a los cordobeses de "cómo una institución se había adueñado de un monumento Patrimonio de la Humanidad tan impunemente".

En su petición informaba del proceso según el cual la Iglesia Católica inscribió en 2006 el inmueble a su nombre, en un trámite denominado "inmatriculación", auspiciado por un cambio en la Ley Hipotecaria de 1998, según ha especificado el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Manuel Rodríguez Ramos.

Rodríguez Ramos ha especificado que dicha reforma permitió utilizar normas franquistas que equiparaban a la Iglesia con la administración pública, lo que abrió una "brecha" para que "de forma clandestina" esta adquiriera bienes, el más simbólico de ellos la Mezquita Catedral.

No obstante, ha aclarado que "inmatricular" supone inscribir por primera vez un inmueble en el registro de la propiedad pero "en absoluto ser dueño del bien", aunque sí entraña "una especie de presunción" de su posesión, a la que se añadiría el hecho de que la Mezquita siempre ha sido gestionada por la Iglesia.

El experto argumenta que la gestión de un bien no está relacionada con la titularidad, y que la Mezquita es "un bien público", porque su construcción, mantenimiento y restauración la hicieron distintos gobiernos, y en ello no se invirtió dinero, bienes o materiales de la Iglesia Católica.

Esta doble "presunción" entraña una "apropiación simbólica" del monumento, que es la que cree que ha llevado a la Iglesia a "amputar" el nombre de Mezquita y toda la memoria andalusí, y también supone que se corra "el riesgo de desmontar la memoria milenaria del monumento, su paradigma de concordia de culturas, y su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco".

Por ello, insta a las administraciones públicas a reclamar la titularidad por dos vías.

En primer lugar, que pidan la inconstitucionalidad de la norma franquista que dio la titularidad del templo a la Iglesia, de lo que ya hay un precedente; y después, no desamortizar, sino tan solo reconocer la titularidad pública, afirma este experto, que recuerda que solo la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba o el Gobierno de España pueden dar este paso.

De estas tres instituciones, la Junta de Andalucía es la única que hasta el momento se ha manifestado, a través de la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez.

Gómez ha asegurado a Efe que reclamar la titularidad no entra en las previsiones de la Junta "ni a corto, ni a medio plazo" y ha recordado que "la inmatriculación fue un acto jurídico que era legal y sigue siéndolo".

"La Junta tiene una consideración de la Mezquita como uno de los baluartes de oriente y occidente, porque es lo que sitúa a Córdoba en el mundo, y lo que ha conseguido el título de Patrimonio de la Humanidad", ha apostillado la delegada, que ha matizado que considera "correcta" la gestión que se está haciendo del monumento por parte de la Iglesia.

Ha añadido que la Junta no ha recibido de momento las firmas y que, "cuando sean presentadas en las debidas instancias, tomará una posición, estudiará y valorará la postura".

Por su parte, el Obispado de Córdoba accedió en un principio a facilitar la opinión de un experto en Derecho Civil, el catedrático José Manuel González Porras, aunque finalmente dio marcha atrás y ha emplazado a los medios de comunicación a una rueda de prensa al respecto que se espera para los próximos días.

Pendientes de la respuesta, el plazo corre a favor de la Iglesia ya que, tal y como manifiesta Rodríguez Ramos, "si durante 10 años nadie se ha opuesto, es muy difícil que un juez vaya en contra de la apariencia".