Buscan a los asesinos de un guardia civil

Los presuntos autores están identificados, residen en Marruecos y tienen asuntos turbios con la justicia de Francia y España

J. R. VILLALBAGRANADA
2005. El punto donde fue atropellado el guardia civil Rafael Peso. :: JAVIER MARTÍN/
2005. El punto donde fue atropellado el guardia civil Rafael Peso. :: JAVIER MARTÍN

Madrugada del 15 de enero de 2005. Un BMW 750 ocupado, al menos, por dos ciudadanos de origen marroquí se salta un control de la Guardia Civil en la N-340 a la altura del kilómetro 317 en Almuñécar. Los agentes avisan por radio de las características del vehículo y de que se dirige dirección Málaga a toda velocidad. Los coches patrulla de la zona se ponen manos a la obra para localizar y tratar de detener al vehículo. Otra pareja de agentes, formada por un cabo y por el guardia Rafael Peso, comienzan a montar un control en el kilómetro 312 de la N-340, a la altura de Cotobro. La patrulla visualiza un BMW de las mismas características citadas. El guardia Rafael Peso le lanza una señal luminosa al coche para que se detenga, el agente lo hace desde el arcén y con su correspondiente chaleco reflectante. El conductor no solo no hizo caso, sino que desvió la trayectoria del automóvil para invadir el arcén, atropellar al guardia Rafael Peso y volver a incorporarse al carril derecho de la carretera. El agente salió despedido veinte metros debido al fuerte impacto y cuatro horas después falleció en el Hospital Santa Ana de Motril por un traumatismo craneoencefálico, dejaba dos hijos pequeños huérfanos y una desconsolada viuda que ocho años después clama porque se haga justicia con este caso.

Uno de los presuntos autores está perfectamente identificado y escondido en Marruecos mientras que l otro sale y entra del país con cierta regularidad. Todo esto ocurre ocho años después, mientras tanto el tiempo corre a favor de los acusados para favorecer la prescripción de este delito, que según el Código Penal no lo podría hacer hasta transcurridos quince años al tratarse de un homicidio intencionado.

La Policía Judicial de Almuñécar y el área de Criminalística lograron obtener huellas y ADN en la inspección efectuada en su día dentro del automóvil utilizado por los dos acusados y después abandona, vehículo encontrado una hora después del atropello mortal en un paraje de La Herradura. Dos pruebas irrefutables que le permitieron a la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ponerles nombre y rostro a estos dos individuos, quienes viajaban en un vehículo robado en Italia y con matrícula falsa de Suiza. Los dos estaban fichados en Francia por delitos propios de la delincuencia común, alguno vinculado con el tráfico de drogas. La UCO, la misma unidad responsable de destapar toda la trama de los ERE en Andalucía, se hizo con el caso.

Están personados

Lo más sorprendente de este homicidio es que los dos imputados están personados en esta causa judicial y aún no se les ha tomado declaración, ocho años después. Tras enterarse de su imputación, nombraron abogado y procurador, teniendo acceso a todas las pruebas practicadas e incluso al último informe de ochenta páginas presentado en el mes de abril de este año por la UCO para abrir nuevas vías de investigación, debido a la inexistencia del secreto sumarial.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar dictó en su día un auto de citación para que uno de los dos acusados se personara en el juzgado de la ciudad sexitana a declarar a lo cual contestó mediante un exhorto si podía hacerlo en la comunidad valenciana, a lo cual la juez se negó. Finalmente quedó sin declarar. Respecto al segundo acusado, quien seguramente fuera el acompañante del conductor y de quien se sabe desde hace tiempo que se encuentra escondido en Marruecos, la magistrada solicitó a la justicia marroquí, a través de una comisión rogatoria, su detención y pase a disposición judicial, lo cual nunca se ha cumplido. También se dictaron sendas órdenes internacionales de búsqueda y detención de los dos individuos, pero no han dado su fruto, las fuerzas de seguridad no funcionan con la misma eficacia en todos los países.

Tras ocho años sin ver luz al final del túnel, la UCO de la Guardia Civil presentó el pasado mes de abril un meticuloso informe de ochenta páginas donde se apostaba por abrir nuevas vías de investigación tratando de localizar a otros dos posibles ocupantes del vehículo, que por las huellas encontradas podrían haber viajado en el BMW la noche del atropello mortal. Los agentes también buscan contactar con otros testigos potenciales, pero para ello solicitaban a la juez la autorización pertinente para practicar 23 pruebas nuevas en aras de seguir avanzando en la identificación de todos los posibles participantes del homicidio, el grado de participación de cada uno de ellos, así como las vías para su localización. La sorprendente contestación de la juez ha sido un no rotundo para abrir estas nuevas vías de investigación, al considerarlas «innecesarias e improcedentes», tal y como hace constar en el auto de fecha 24 de mayo de 2013.

Recurso ante la Audiencia

La acusación particular ejercida por la viuda, a través del despacho de abogados Peñas Roldán y Asociados C. B., recurrió el auto de la juez, recibiendo otro «no» por respuesta y posteriormente ha elevado un recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Granada. Detrás de estos ocho años y de los trámites judiciales hay un profesional de la Guardia Civil asesinado y una viuda que asiste atónita al hecho de que le nieguen la práctica de nuevas pruebas a una de las unidades de elite de la Guardia Civil especializada en este tipo de casos.

El recurso de la acusación particular pide que se dé luz verde a la práctica de las nuevas pruebas solicitadas por la UCO porque podrían aportar nuevos elementos a la instrucción de la causa, pero además incide en otro hecho de forma contundente: el daño originado a la investigación policial por no haber decretado el secreto de sumario que hubiera impedido a los dos acusados, personados en la causa, estar al tanto de las investigaciones efectuadas por la Guardia Civil y donde se detalla de forma pormenorizada a quien se ha estado investigando, cómo se ha hecho y los posibles pinchazos telefónicos efectuados. Todo ello obra en conocimiento de quienes están identificados como los dos imputados en este homicidio doloso.

La acusación particular tampoco comprende cómo estando personados los dos acusados no han prestado declaración aún, «pues no están en rebeldía, sino personados», señala el recurso de reforma. También conmina a la juez a presentar una denuncia en Marruecos contra los dos prófugos tal y como ha recomendado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos y la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Ambas instituciones citadas aconsejan que ante la negativa de proceder a la extradición, se proceda judicialmente contra los dos acusados en Marruecos, ya que existen indicios de que al menos uno se encuentra escondido en el reino alauita.

Falta de colaboración

Este es el estado actual de este caso, de un homicidio doloso donde un guardia civil que solo llevaba seis meses destinados en La Herradura perdió la vida tras ser embestido por un vehículo robado ocupado por los dos acusados de origen marroquí, que hoy por hoy siguen personados en la causa. La falta de colaboración del reino alauita, el conformismo judicial de no avanzar con nuevas pruebas quedándose instalado en las órdenes de búsqueda y captura, así como en la rogatoria que en ocho años no han dado resultado ninguno, y con un detallado y reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil donde se apuesta por nuevas vías de investigación que de momento ha sido desestimado por la juez y por el fiscal.

La viuda del agente asesinado, también guardia civil, no tuvo fuerzas para seguir ejerciendo su profesión en Granada y optó por solicitar el traslado para rehacer su vida con sus dos pequeños en otro punto de la geografía española. Ni siquiera ha tenido fuerzas de leer aún la causa, todos los informes aportados por la Policía Judicial de la Guardia Civil y por la UCO donde se detalla con todo lujo de detalles lo ocurrido y lo investigado. Sin embargo, quienes mataron a su marido tras atropellarlo vilmente sí están al tanto de toda esa documentación al estar personados en la causa.

Para colmo de males, uno de los dos imputados ha solicitado a la juez la prescripción del delito y de momento el tiempo corre a su favor.