Los detenidos por fingir delitos pagarán los gastos de la investigación policial

Las denuncias falsas se han convertido en un fenómeno emergente que parece crecer alimentado por la cruda crisis económica

J. CANO GRANADA

El hombre, vecino de una pequeña localidad de la Alpujarra, acudió a la Guardia Civil para denunciar que había sido secuestrado y que sus captores le habían robado 270 euros. Desde el principio, los investigadores no las tenían todas consigo. Había cosas que no cuadraban. Y acertaron. Detrás del truculento y falso relato había una verdad bastante más prosaica. El hombre había estado bebiendo en los distintos bares del pueblo hasta acumular una deuda de 270 euros -que, casualidades de la vida, era lo que supuestamente le habían sustraído- que no podía pagar. Así que se inventó lo del rapto para que la borrachera le saliera gratis. No coló. Y fue acusado de un delito de simulación de delito, una infracción que parece estar de moda y se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para las fuerzas de seguridad y la judicatura, que tratan de poner freno a una situación que se les empieza a ir de las manos: solo en el primer trimestre de 2013, casi 900 personas fueron detenidas o imputadas en España por inventarse hechos delictivos inexistentes.

En Granada, la Policía Nacional y la Guardia Civil tramitan, de media, unas 150 denuncias por este tipo de hechos. Los responsables policiales advierten de que las simulaciones generan un gasto «extraordinario» para la Administración, que destina personal y medios para trabajar en casos que en realidad no se han producido. Para intentar poner freno a esta práctica, la Policía Nacional de Granada va a adjuntar en cada atestado un informe que detalle el coste de la investigación que acabará en manos de los jueces. «La idea es que, en caso de haber sentencia condenatoria, los jueces puedan imputar esas costas al culpable de la simulación de delito y la Administración recupere el dinero que ha gastado», explicaron fuentes oficiales del cuerpo, que agregaron, a modo de ejemplo, que los tribunales ya obligan a los condenados por delitos contra las personas a abonar los gastos del tratamiento y asistencia de las víctimas.

Las primeras estimaciones apuntan a que, como mínimo, el 'precio' de aclarar un delito simulado y las denuncias falsas rondaría los 800 euros en los asuntos más sencillos, aunque la cifra puede ser mucho mayor en función de los medios humanos y materiales que se hayan destinado a resolver la infracción inventada.