Reclaman actuaciones sociales para las familias asentadas en Motril

Piden que se actúe de manera «transparente» según la legalidad vigente y que se respeten los derechos de estas personas

Uno de los «asentamientos ilegales» próximo al barrio de Los Álamos. :: SALVADOR RODRÍGUEZ/
Uno de los «asentamientos ilegales» próximo al barrio de Los Álamos. :: SALVADOR RODRÍGUEZ

Los vecinos del barrio de los Álamos fueron los primeros en dar la voz de alarma y en avisar al Ayuntamiento de que estaban produciéndose asentamientos en varios descampados muy próximos a este barrio situado al Este de la ciudad. La asociación vecinal ha expresado claramente su «malestar» por la presencia de estas personas ya que no están dispuestos a consentir «el chabolismo» en el siglo XXI.

El Consistorio, que es propietario de algunos terrenos sobre los que están asentadas estas personas, aprobó en pleno comenzar el trámite de desahucio administrativo para actuar ante los «asentamientos ilegales». Ante esto, las asociaciones Motril Acoge, APDHA y Anaquerando han enviado una misiva al alcalde de la ciudad donde expresan su preocupación por el acuerdo plenario para el desalojo de personas ubicadas en infraviviendas del barrio de la rambla de Los Álamos. Los firmantes entienden que «la situación de exclusión que las familias afectadas viven sólo se verá empeorada por esta medida, que en ningún caso incluye actuaciones sociales en paralelo».

Dichos colectivos denuncian que se ha realizado «una etnificación de la situación con consecuencias de estigmatizaciones alarmantes», al identificar a sólo a la población gitana rumana como la ocupante de los asentamientos cuando existen también personas provenientes de España y Marruecos, Rumanía. En su comunicado, las asociaciones encuentran inquietantes «por racistas y xenófobas», las declaraciones del concejal Antonio Escámez, que en el pleno del pasado 29 de octubre «describió a los gitanos rumanos como una raza itinerante a la que le gusta vivir en chabolas rodeados de perros, haciendo fuegos y alimentándose de la basura».

Desplazar el problema

Los colectivos firmantes de la carta piden a Carlos Rojas, alcalde de Motril, que se lleve a cabo una actuación transparente según la legalidad vigente, coordinada por diferentes administraciones, y solicitan la colaboración de organizaciones sociales para que se respeten los derechos de las personas enclavadas en esta zona y recuerdan que el problema «no se solucionará con este desalojo, sólo se desplazará a otro lugar», ya que esta medida hará más vulnerables su situación que de por sí es difícil. Entiende que existen otras medidas sociales para mejorar la situación de las familias en cuestión.

Por otro lado apuntan que las denuncias de inseguridad del barrio no se han concretado en ningún momento ni se han especificado el tipo de delitos.

Tampoco se han presentado informes sociales que expliquen la situación estas personas. Las asociaciones llaman la atención sobre el hecho de que haya menores entre estos grupos de familias lo que exige «prudencia a la hora de tomar decisiones como los desalojos».

Dicen estar de acuerdo con el alcalde de Motril cuando indica que el Gobierno central debe implicarse en este asunto, pero demandan todos los informes pertinentes antes de decidir la conveniencia del desalojo.