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La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Efe
El Gobierno aprueba la reforma del aborto, que el PP rechazará en el Congreso
polémica sanitaria

El Gobierno aprueba la reforma del aborto, que el PP rechazará en el Congreso

Los menores de 16 y 17 años pueden interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres

EUROPA PRESS |

Martes, 29 de septiembre 2009, 10:33

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El Gobierno ha aprobado la reforma del aborto, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y sitúa en 16 la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una decisión que ha sido criticada por el PP, que ha anunciado que rechazará el proyecto en el trámite parlamentario.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es "sensata y ajustada a derecho". Fernández de la Vega ha asegurado que "derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley", que incorpora algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de algunos informes preceptivos, como el del Consejo de Estado.

El proyecto establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y las ayudas de que puede disponer para la maternidad, al menos tres días antes del aborto. De manera excepcional, hasta la semana 22, se podrá abortar en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos distintos a los que practican la intervención. La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un comité clínico.

En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; en un centro no autorizado, y consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley. No obstante, la reforma no incluye pena de prisión para la mujer.

Las reacciones a la reforma

Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta ha mostrado su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad como la información a las menores de 18 años, un diálogo que también buscará el PSOE, según ha dicho la secretaria de Igualdad, Soledad Cabezón. La vicepresidenta ha remachado que "la voluntad del Gobierno es prevenir los embarazos no deseados".

Sin embargo, el PP no es de la misma opinión, ya que, según la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, la reforma transmitirá un mensaje equivocado a los jóvenes que "entenderán la interrupción del embarazo como un método anticonceptivo", con un resultado que incrementará el número de abortos en España. Moneo ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad al proyecto del aborto, principalmente, porque se permite que las mujeres de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. En este sentido, ha explicado que el PP pedirá su devolución al Gobierno porque la nueva norma "atenta contra un derecho constitucional que es el derecho a la vida".

También se ha mostrado contrario el Foro de la Familia, que ha tachado el texto de "injusto e insolidario" y ha animado a todos los ciudadanos a ir a la manifestación del 17 de octubre.

En el lado opuesto, las clínicas acreditadas y grupos feministas, si bien han valorado la reforma, han reivindicado mejoras. La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) ha apoyado que la reforma reconozca la libertad de decisión de la mujer, pero ha considerado que el plazo para abortar libremente, de catorce semanas, es un límite "conservador" que debería ser modificado en el Parlamento, un aspecto compartido por Mujeres ante el Congreso, plataforma feminista integrada por más de 80 entidades.

El proyecto ha recibido apoyo también del secretario general de ERC, Joan Ridao, quien ha celebrado que el debate se sitúe en el ámbito de la salud y no del Código Penal.

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