El timo del SMS

Asociaciones de usuarios reclaman a Industria que aplique una norma aprobada hace un año para acabar con los fraudes en la telefonía móvil

MARÍA JOSÉ TOMÉ| GRANADA
Un usuario utiliza el móvil para enviar un mensaje. / RAMÓN L. PÉREZ/
Un usuario utiliza el móvil para enviar un mensaje. / RAMÓN L. PÉREZ

Un Colegio Arbitral ha emitido un laudo sobre el caso de una persona que fue dada de alta en un servicio de recepción de mensajes de manera unilateral, sin su consentimiento. Considera que la compañía telefónica que participa en el reparto de los beneficios obtenidos por este servicio es responsable de la información y el uso que ofrece la empresa prestadora del servicio. Por todo ello, obliga a la operadora de telefonía a abonar al reclamante el importe relativo a los mensajes de valor añadido (SMS Premium), ya que no dispuso de información veraz, eficaz y suficiente sobre el servicio.

Los tiempos cambian. La vida cotidiana debe adaptarse a las nuevas costumbres y algo tan intrínseco al ser humano como la picaresca también se sofistica. Los clásicos timos del «tocomocho» o la «estampita» han dejado paso a estafas menos ingenuas pero que buscan el mismo propósito: reportar al embaucador un cuantioso dinero fácil a costa de su víctima. La última modalidad, que está dando trabajo extra a las autoridades de consumo y las asociaciones de usuarios, se vale de los SMS Premium, unos mensajes de texto que sirven tanto para participar en un concurso como para descargar una melodía en el teléfono móvil. La sorpresa llega cuando, en la factura mensual, ese inocente SMS se convierte en un gasto desproporcionado que puede alcanzar varios miles de euros.

La polémica ha saltado a raíz de varios concursos televisivos y espacios de descarga de contenidos extra para el teléfono. El usuario pica y manda un mensaje a un número de cuatro cifras. En la mayoría de los casos desconoce el importe, que suele aparecer con letra minúscula o a una velocidad vertiginosa que lo hace ilegible; al fin y al cabo, no cree que vaya a ser más de dos euros. Teclea el número y, sin saberlo, acaba de ser víctima de un timo: en las próximas semanas y sin haber dado su consentimiento se expondrá a un bombardeo de mensajes... con cargo a su factura.

Esta modalidad de fraude se refugia en un vacío legal existente en la regulación de los llamados servicios de tarificación especial. El Ministerio de Industria aprobó hace más de un año una reglamentación para este tipo de conexiones, entre las que se encuentran los teléfonos con el prefijo 905 y los SMS Premium. Esta normativa, sin embargo, no ha entrado en vigor, a la espera de la elaboración de un código de conducta que precise las obligaciones de las empresas de cara a garantizar la protección de los usuarios: información, requisitos, precios...

Pero, a falta de unas semanas para que expirase el plazo fijado en la citada normativa, los responsables de Industria han aprobado una moratoria de cuatro meses. Según las autoridades, la «complejidad» del código, así como «la importante cantidad de sectores y empresas afectadas» por la regulación -consumidores y usuarios, operadoras y prestadores de servicios-, y el choque de intereses de todos ellos han impedido sacarlo adelante. Por lo menos hasta el próximo otoño persistirá el limbo legal que da cobijo a esta nueva generación de timadores.

Una de las trampas más frecuentes consiste en suscribir a la víctima, sin saberlo, a un sistema de alertas periódicas. El incauto usuario envía un SMS para descargar un logo, un tono, un juego o una fotografía y queda «secuestrado» por la compañía, que comienza a enviarle mensajes a un precio que oscila entre 0,23 y 1,5 euros. Una «broma» que puede resultar muy cara: la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) ha denunciado el caso de una asturiana que ha recibido cinco facturas por un importe total de 10.856 euros correspondientes a más de 6.000 SMS Premium. Los niños y adolescentes son, en la mayoría de los casos, presas fáciles.

Jorge Mira, abogado, también fue víctima de una de estas estafas. «La empresa comercializadora suele ampararse en la letra pequeña, a menudo imperceptible. Cuando te llegan esos SMS crees que es publicidad y los borras sin más. Pero si revisas tu factura a final de mes, adviertes que te han cargado entre 10 y 30 euros por un concepto que desconoces». En su caso, la operadora telefónica se desentendió y Jorge, indignado, se decidió a crear una web, (www.reclamacionesconsumidor.com), donde recibe cientos y cientos de denuncias similares.

Jorge Mira deja claro que no todas las empresas son así. «Algunas realmente sí que te ofrecen sólo la descarga de una canción o lo que sea sin suscribirte a nada. Pero muchas otras, con ingentes y crecientes beneficios, continúan con este tipo de publicidad que incita a confusión». Buongiorno, la multinacional italiana que en España opera bajo las marcas Blinko y Movilisto, logró en 2008 unos ingresos de 316 millones de euros, un 81% más que el año anterior.

Casos como el de Jorge han levantado en armas a las asociaciones de defensa de los usuarios. Tras estudiar a once compañías de descargas de contenidos para móviles, Facua-Consumidores en Acción las ha denunciado a todas ante la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones (SETSI) y el Instituto Nacional del Consumo.

«Se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año», apuntan sus portavoces. En 2007, último ejercicio del que hay datos oficiales, los usuarios enviaron casi 4.500 millones de SMS Premium -más de la tercera parte del total-, que facturaron nada menos que 500 millones de euros.

10 euros por un juego

Las conclusiones del estudio de Facua no dejan lugar a dudas sobre lo «desproporcionado» de los precios: enviar tres SMS y conectarse a Internet para descargar una melodía cuesta hasta 6,38 euros, mientras que un juego con cinco mensajes llega a alcanzar los 9,86 euros. «Las compañías imponen entre dos y cinco SMS, algo que en muchos casos no aclaran y nunca informan del precio total de cada contenido. Las que ofertan servicios de suscripción no indican cuánto tendrá que abonar el usuario al mes por todos los mensajes recibidos», añaden desde Facua. La desprotección del consumidor, que carece de información veraz y ni siquiera es libre de dar su consentimiento, es total.

Pero, una vez consumada la estafa, comienza la segunda parte de la pesadilla: darse de baja del servicio. La facilidad con la que se contrató -tanta que el usuario no se dio ni cuenta- se torna en misión imposible. Ya puede teclear compulsivamente la palabra BAJA que seguirá recibiendo mensajes como si nada.

Algunos operadores telefónicos, conscientes del fraude al cliente, facilitan la desconexión e incluso ofrecen la posibilidad de bloquear el acceso al servicio.