Condenado a pagar mil euros por llamar «mafia» a profesores del Conservatorio

El padre de un alumno del Victoria Eugenia, condenado por cinco faltas de amenazas proferidas en una carta a Educación al discrepar con las notas de su hijo de 30 años

ROCÍO MENDOZA| GRANADA
Profesores concentrados por la carta injuriosa. /L. J./
Profesores concentrados por la carta injuriosa. /L. J.

Las aspiraciones de su hijo a formar parte del colectivo de músicos titulados le van a costar más de lo básico que exige la enseñanza en un conservatorio. Tendrá que sumar a las cuentas algo más de mil euros. Es la cantidad a la que ha sido condenado a pagar el padre de un alumno del conservatorio Victoria Eugenia por cinco faltas de amenazas. Éstas fueron vertidas en una carta que envió a la delegación de Educación en la que llamaba «mafia», entre otros descalificativos, a los profesores que evaluaron a su hijo, de 30 años. Por supuesto, su desacuerdo con el suspenso que dieron al trabajo del estudiante fue el desencadenante de su carta de protesta.

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha estimado en su sentencia sobre este caso que las palabras empleadas por el progenitor en su epístola del 18 de septiembre de 20087 «son lo suficientemente graves como para ser consideradas constitutivas de una falta de amenazas». Si se tiene en cuenta que el acusado reconoció, en parte, estos hechos al ratificarse en su escrito, aunque alegando que no quería amenazar a nadie concreto con él, la condena era previsible.

Desacuerdo violento

En su apartado de hechos probados, la resolución judicial recoge algunas frases de la carta enviada a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en defensa de su hijo que fue suspendido en la convocatoria de junio y de septiembre de 2008. Versaba: «Ante estos graves sucesos, ¿qué puedo hacer? Recurrir a la violencia sería lo último, pero saldríamos mi hijo y yo en televisión y engrosaría la estadística de agresiones a profesores, claro provocada por ellos, porque esto sí es una mafia, una tiranía, una dictadura...».

El desencadenante

Estas palabras, que han sido consideradas dirigidas a los cinco profesores que formaron parte del tribunal que examinó a su hijo, provocó en los docentes alteraciones psicológicas como «nerviosismo, trastorno de sueño, ansiedad, etc.», lo que alteró sus vidas y les obligó a recibir tratamiento médico. «Ansiolíticos durante dos semanas», concreta el fallo.

Ahora bien, una vez reconocidas estas circunstancias, la jueza dedica unas palabras a la tesitura que desencadenó la ira del acusado. Explica que éste presentó una recusación en contra de uno de los profesores, con el que mantenía una «enemistad manifiesta», para que no formase parte del tribunal que examinara a su hijo. Aún con este recurso administrativo abierto, y sin resolver, el profesor evaluó a su hijo.

«La dirección del centro no procedió a resolver, como así debería haber sido y con carácter previo a la fecha del examen, la recusación planteada (...). Con independencia del resultado del examen, dicho profesor no debía de haber formado parte del tribunal».

Y sigue: «ello justificaría en parte la alteración del denunciado, ante la falta de actuación del centro». Ahora bien, no obstante, incide la jueza, el modo de reclamar, la carta, las palabras empleadas ella fue erróneo hasta el punto de merecer el reproche penal de una falta. En total, y como denunciaron cinco profesores, es condenado a pagar 120 euros por cada una de ellas, además de indemnizar con 300 y 150 euros a dos de los profesores que requirieron asistencia médica.

El letrado de los profesores, José María Hernández-Carrillo, valoró «muy positivamente» la sentencia porque da una respuesta «firme y certeza» por parte de los tribunales, que respaldan a los docentes «cada vez que los conflictos exceden de lo administrativo».

Por su parte, el secretario provincial de enseñanza de CC OO, Diego Molina, califica la sentencia de «positiva» porque reconoce las amenazas recibidas por los profesores del Conservatorio, pero «nos hubiera gustado más que se hubiera juzgado como un delito, y no como una falta, lo cual le hubiera causado un grave perjuicio al acusado por su condición de funcionario». Molina reprocha la actitud del acusado.