Pandilleros bajo control

En España se han contabilizado 430 bandas juveniles con 15.000 miembros, aunque muchos no permanecen activos

EL fenómeno de las bandas juveniles «pilló por completa sorpresa a las fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios sociales» cuando en 2002-2003 llegaron los primeros atestados sobre grupos latinos, pero la eficacia policial y el endurecimiento legal han permitido que «el problema esté estabilizado, si no ha retrocedido». En todo caso, añade Francisco Manuel García Ingelmo, fiscal de menores en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, «no hay que bajar la guardia, porque es difícil, si no imposible, erradicarlo cuando se instala».

Máxime cuando, según datos citados por Carlos Igual desde el Equipo de Mujeres y Menores de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, en España se han contabilizado más de 430 bandas (94 de ultraderecha, 137 de extrema izquierda y 200 latinas) y 15.000 miembros de las mismas. La cifra real es menor, porque muchos de esos grupos e integrantes ya no están actuando ahora mismo. Como apunta Concepción Rodríguez González del Real, magistrada del Juzgado de Menores Número 1 de Madrid, sólo un tercio de los pandilleros permanece más de un año en esas organizaciones.

Castigo colectivo

La supuesta imposibilidad de salir cuando se está dentro es, precisa Rodríguez, uno de los muchos mitos erróneos sobre las bandas juveniles. Y, de hecho, como han puesto de manifiesto las VI Jornadas sobre Derecho de los Menores de la Universidad Pontificia de Comillas, es fundamental aprovechar sus grietas organizativas para favorecer ese abandono del grupo. Como remarca María Jesús Martín, profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, la medida más eficaz es «dar más elementos de socialización» a través de una pareja, el trabajo o la participación en otro tipo de asociaciones.

En cambio, advierte, «el castigo sólo será efectivo si la responsabilidad de la acción se extiende al grupo», lo que permite acabar con cualquier «sensación de invulnerabilidad». Y al contrario: si es individual, el riesgo es que pueda incluso «reforzar el liderazgo» del sancionado. Amparo Pozo, psicóloga de la Fundación Diagrama que desarrolla programas de rehabilitación social de pandilleros, comparte esa visión al apostar por las intervenciones comunitarias antes que por simples «medidas punitivas, que llevan a las bandas a adaptarse, organizarse más y esconderse», lo que complica su vigilancia y control. «El apoyo familiar y social es fundamental para la reincorporación paulatina a la sociedad», remacha.

Desconcierto familiar

La familia es también clave para la prevención. Porque, como apunta Martín, el telón de fondo de las bandas juveniles deja ver con frecuencia «padres que no saben, no quieren o dejan en manos del colegio» el formar a sus hijos.

«El patrón educativo familiar no socializa a los chicos en la mayoría de los casos», apostilla, lo que explica el «enganche emocional muy fuerte al grupo». Curiosamente, hasta los propios pandilleros parecen tener conciencia de ese déficit, porque admiten que «no educarían a sus hijos como sus padres a ellos» -uno llega a decir que «yo no les dejaría salir con mi pinta»- y hasta «proponen como solución las escuelas de padres».

Un estudio cualitativo realizado por la profesora universitaria con 65 jóvenes pandilleros violentos no desveló mayores problemas con la familia, que «siempre será su último refugio», pero sí una «falta de influencia en cuanto cumplen 14 años». También se perfila una «clara relación con la violencia» en dos tipos familiares, el carente de normas y el del «ordeno y mando». Y preocupa la llamada «familia bipolar», que al encontrarse con el problema pasa repentinamente del dejar hacer a la imposición de normas rígidas. El problema es que «no suele aguantar la presión emocional» y vuelve al principio, pero con agravantes como «negar el problema» y no atender los consejos de los especialistas.

Cantera de delincuencia

En España, apunta el teniente Igual, el fenómeno de las bandas juveniles «se parece un poco a todos, pero es diferente». Desde luego, dista mucho de tener la virulencia de Centroamérica, donde, como señala la magistrada Rodríguez, «son más peligrosas y violentas».

El fiscal de menores García Ingelmo lo considera casi un «fenómeno embrionario» en comparación con los «60.000 pandilleros que controlan barrios enteros de la ciudad de Guayaquil» en Ecuador y con las llamadas 'maras' centroamericanas, que describe como «auténticas mafias, organizaciones criminales que realizan tráfico de drogas y armas, trata de blancas y extorsiones al pequeño comercio».

En el caso español, precisa la magistrada Rodríguez, es un «fenómeno eminentemente masculino» (las mujeres apenas rondan el 10% y tienen un papel auxiliar), mayoritariamente urbano y con «territorio propio», que sirve de justificación para las acciones de venganza contra grupos rivales. Las bandas juveniles están jerarquizadas (el jefe es con frecuencia un adulto), exigen pruebas de ingreso «muchas veces violentas» y tienen una estructura financiera «con una primera cuota voluntaria y luego obligada»; también son habituales las características de sectas: mitificación de líderes, obediencia ciega y ritos religiosos. Todo ello las convierte en una «cantera de la delincuencia organizada».