El aluvión de peticiones atasca hasta un año la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento está tardando hasta seis meses en dar el informe de arraigo, necesario en el proceso y a muchos se les caducan otros documentos durante ese plazo de tiempo

M. V. COBO
RETRASO. Inmigrantes hacen cola en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Granada para pedir documentos necesarios para regularizar su situación. /IDEAL/
RETRASO. Inmigrantes hacen cola en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Granada para pedir documentos necesarios para regularizar su situación. /IDEAL

Regularizar su situación en España es el final del largo viaje que muchos inmigrantes emprenden. Es el mejor cierre para esa auténtica aventura, que no todos terminan con éxito. La recompensa al riesgo, al trabajo duro y a la ilusión. Pero este final deseado se está retrasando demasiado para los cientos de extranjeros que intentan regularizar su situación en la capital granadina. La cantidad de peticiones que se registran y la escasez de personal para llevar a cabo todos los trámites, está alargando el proceso para conseguir los papeles. Actualmente, desde que un extranjero logra cumplir todos los requisitos hasta que logra su permiso de estancia y trabajo, llega a pasar un año. Doce meses en los que no puede trabajar de forma 'legal' y en los que se expone a encontrarse con una orden de expulsión en cualquier momento.

El 'atasco' más importante se produce ahora mismo en el Servicio de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de Granada, que es el organismo encargado de emitir el informe de inserción social. Este documento es indispensable para solicitar la regularización por arraigo, que es la figura a la que pueden acogerse aquellos inmigrantes que hayan pasado un mínimo de tres años en España.

Para certificar que efectivamente han residido en la ciudad durante ese tiempo, los trabajadores sociales del servicio municipal mantienen una entrevista en la que comprueban personalmente el grado de arraigo del extranjero en la ciudad, con otras pruebas tales como los contratos de alquiler o las matrículas en cursos de formación.

Meses de espera

Actualmente, desde que el inmigrante pide cita, hasta que le dan fecha para una entrevista, están transcurriendo hasta seis meses, como denuncian desde el grupo de Extranjería del Colegio de Abogados de Granada. Suzana García Staehler, presidenta de este grupo, apunta que los inmigrantes se están viendo gravemente perjudicados por esta situación, ya que se les están caducando el resto de documentos que deben solicitar, como «los antecedentes penales de sus países de origen, viéndose obligados a volver a solicitarlos, con el coste y las dificultades que ello conlleva».

Para el grupo de letrados que García Staehler representa, este retraso es una vulneración de los derechos fundamentales de los extranjeros, puesto que una vez que cumplen el requisito de los tres años de estancia, «por responsabilidad del Ayuntamiento de Granada pueden transformarse en cuatro o más, dejando el extranjero de ser contratado legalmente con los ingresos que generaría a la Seguridad Social española».

García Staehler tiene casos de solicitudes tramitadas en el mes de octubre, sin que aún se haya citado a los extranjeros para la entrevista. La queja y preocupación es unánime entre el resto de abogados del grupo de Extranjería, que se encuentran en la misma situación. «Hasta hace poco, pedían el certificado de antecedentes penales en su país, y mientras esperaban el informe de arraigo se les había caducado», comenta Carmen Plaza, otra letrada que trabaja habitualmente con extranjeros. Algo que en este servicio municipal intentan evitar con un cartel «en el que avisan de que no se solicite ningún otro documento hasta contar con el de arraigo», apunta Pura Andrades, abogada también de Extranjería.

La junta directiva de este grupo de abogados ya se ha reunido en dos ocasiones con el Defensor del Ciudadano de Granada para tratar de dar solución a este problema y ha solicitado una reunión con los responsables del área de atención al inmigrante del Ayuntamiento. Pero la situación se ha ido agravando en los últimos meses. «Es bastante injusto que un inmigrante en cualquier otro pueblo de la provincia tarde sólo semanas en lograr su documentación y en Granada tarde meses en conseguirlo», destacaba Mª Jesús Ruiz, abogada del grupo.

En el caso del informe de habitabilidad -trámite necesario para traer al resto de la familia hasta España-, puede llevarlo a cabo un notario, aunque esto supone un elevado gasto para el solicitante.

Desde el Ayuntamiento explican que este 'embudo' que se ha formado en el servicio municipal se debe al aluvión de peticiones que están teniendo. Y es que el número de solicitudes que llegan al servicio ha ido creciendo exponencialmente.

Así, en 2005, en el servicio atendían a 1.148 extranjeros y dos años más tarde son ya 1.571, lo que supone un crecimiento del 36,8%. En este total de consultas se incluyen los informes de inserción social (conocido como arraigo), los informes de habitabilidad necesarios para las reagrupaciones familiares y otras consultas jurídicas.

Desde el Ayuntamiento explican que los informes de inserción social y los de habitabilidad son más complejos que otros, ya que en el primer caso requiere una entrevista personal del trabajador social con el solicitante, y en el segundo, los funcionarios tienen que desplazarse hasta el domicilio para comprobar que la vivienda se encuentra en buenas condiciones.

Crecimiento

Las solicitudes de estos informes de arraigo también han crecido de forma muy abultada, pasando de 211 peticiones en 2006, hasta 311 en 2007. Los informes de habitabilidad ofrecen un crecimiento similar, puesto que han pasado de 211 en 2006 a 334 un año después.

Desde el Ayuntamiento admiten que en estos meses se han visto desbordados por el crecimiento de peticiones y los tres trabajadores sociales encargados de elaborar estos informes resultan insuficientes. Por eso, según afirman fuentes del área de Bienestar Social, ya han puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía esta circunstancia, ya que son las consejerías de Gobernación y la de Igualdad las que liberan fondos para estos servicios. En el área calculan que la contratación de un trabajador social más aliviaría el atasco.

mvcobo@ideal.es