La Junta abre su 'plan' y deja construir en Granada hasta 120.000 pisos en diez años

El 22 de enero el consejo de gobierno de la Junta aprobó un decreto que abría el corsé del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el denostado POTA. Este documento aprobado en 2006 establecía dos premisas básicas para la expansión del ladrillo: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%.

El POTA fue un planchazo para los constructores, que se levantaron en pie de guerra. De entrada, la inmensa mayoría de los ayuntamientos que estaban revisando sus planeamientos (PGOU) se iban muy por encima de estos porcentajes. Al final la Junta ha abierto las manos, pero sólo para los municipios pequeños, aquellos que en los últimos años han crecido por debajo de la media y que el apretado cinturón del POTA les condenaba a seguir siendo pequeños de por vida.

Con los nuevos parámetros, estos pueblos podrán plantear un desarrollo urbanístico que suponga un incremento de población de entre el 40% y el 60%, en algunos casos el doble de lo previsto inicialmente.

Granada sale altamente beneficiada con el decreto aprobado por la Junta hace dos semanas. 148 municipios -el 88% de la provincia- podrán acogerse a los nuevos porcentajes. De ellos, sólo 11 tienen su PGOU adaptado a la nueva Ley de Suelo, entre los que se encuentran, por ejemplo, Alhendín, Cájar, Gójar o Villanueva Mesía. El resto -137- tendrán que plantear ahora por dónde y cuánto quieren crecer en la próxima década.

Los nuevos márgenes del POTA posibilitan que estos pueblos aumenten hasta 148.122 vecinos, según los datos censales que en estos momentos maneja la Junta. Si se le aplica el parámetro que usa la Administración para calcular el número de viviendas necesarias -2,7 personas por inmueble- en estos pueblos se pueden construir hasta 54.859 pisos, lo que supone 21.300 casas más de las que permitía el POTA en su origen.

Un caso concreto. El pequeño municipio alpujarreño de Soportújar -274 vecinos- podía levantar, cómo máximo, unas 40 viviendas nuevas. Con el nuevo decreto se puede ir casi al doble.

Las limitaciones para los pueblos grandes -los de más de 10.000 habitantes- seguirá siendo del 30%. Hechas las cuentas, el límite se establece para ellos en 175.000 vecinos y unos 65.000 inmuebles. Sumadas todas las cifras, tras las últimas modificaciones, el POTA permitirá edificar en Granada hasta 120.000 viviendas nuevas en los próximos diez años.

Esta cifra es irreal porque es casi imposible que se llegue a este límite. «La Junta ha atendido a los municipios pequeños. No todos van a ir al tope y algunos lo que están solicitando es aumentar el número de VPO», explica el delegado de Obras Públicas, Francisco Cuenca.

Los estudios oficiales encargados por la Junta prevén un crecimiento de población importante en el entorno de Loja, Baza y en los pueblos intermedios de la Alpujarra. En total, el gobierno andaluz calcula que en la próxima década el número de habitantes de la provincia crecerá en 200.000 personas. Para atender a estos nuevos vecinos la Junta estima que hará falta construir entre 70.000 y 80.000 viviendas, de las que 31.000 serán de protección oficial «para dar respuesta a la población más joven».

Ahora habrá que estudiar municipio a municipio. Abrir la mano en unos y cerrarla en otros. Pero el nuevo 'plan' da margen para levantar casi el doble de las viviendas que la Administración calcula que serán necesarias. El POTA ya no es el de antes.

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