Casi 1.600 juicios suspendidos por la huelga de los secretarios judiciales

De acuerdo con los datos oficiales que maneja el colectivo, a los que ha tenido acceso IDEAL, desde el pasado 24 de enero hasta este lunes el total de actuaciones judiciales y procesales suspendidas alcanzaba ya en la provincia las 2.390. De estas, 1.586 se corresponden con suspensiones de juicios, mientras que el resto (804) son otras actuaciones judiciales (declaraciones penales, ratificaciones en juzgados de Familia...).

De los juicios suspendidos, 541 corresponden a los órganos de Primera Instancia; 517, a los juzgados de lo Social; 82, a la sala Social del TSJ; 74, a los juzgados de lo Penal; y 47, a los contenciosos administrativos. En cuanto a los partidos judiciales de la provincia, destacan las 66 suspensiones de Almuñécar y las 125 de Guadix.

En declaraciones a IDEAL, el delegado del CN Alberto Bravo, LAJ en uno de los juzgados civiles de Granada, quiso ayer trasladar a la ciudadanía y a los profesionales la «profunda preocupación» de su colectivo por el «deterioro» del servicio público de la Justicia, así como «nuestro pesar por la indeseables consecuencias derivadas de la forma de afrontar el conflicto por parte del Ministerio de Justicia».

De igual modo, reiteró que por parte de los letrados se ha tratado de «minimizar» las consecuencias más perjudiciales, poniendo en marcha un sistema de aviso previo de las vistas que pueden verse afectadas de suspensión cada semana. También, según recordó, se ha reanudado la celebración de bodas y se ha procedido «al libramiento de mandamientos de pago de pensiones de menores».

«Es descorazonador ver como el Ministerio de Justicia, desde el comienzo, adoptó una postura de desatención y de prolongación artificial e innecesaria del conflicto, dilatándolo. Por fin, el Ministerio de Economía y Hacienda y Función Pública ha tomado cartas en el asunto y este miércoles se inician las negociaciones de verdad», enfatizó.

«Es importante resaltar que desde el comité de huelga se ha estado reclamando desde el inicio, y por todos los medios a su alcance, que se produjera una negociación. Se pusieron a su disposición cualquier día a cualquier hora, e incluso se propusieron mediadores y otras fórmulas para tratar de iniciar la negociación. Todo fue en balde. Y de esta manera hemos llegado a esta indeseable situación», agregó.

Precisamente este lunes, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública del Gobierno andaluz, José Antonio Nieto, pidió tanto al Gobierno central como a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que encontraran una salida a un conflicto que «está generando un problema muy serio en Andalucía».

Nieto presidió además el mismo lunes por la tarde la comisión mixta entre el TSJA y la Junta de Andalucía, junto al presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río. Ambos abordaron la incidencia del paro en la actividad de los juzgados y tribunales andaluces e instaron a que se logre ya una solución.

Las asociaciones convocantes de esta huelga nacional son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.