El Gobierno quiere derogar la reforma laboral antes de que termine el año

Por el momento se trata solo de una declaración de intenciones y queda un largo recorrido lleno de obstáculos para cambiar la legislación, pero la reforma laboral, una de las grandes promesas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya tiene un calendario. Esta decisión además puede esconder un mensaje para suavizar unas relaciones con Unidas Podemos que no están pasando por sus mejores momentos después del anuncio de la fusión de Bankia y Caixabank, e incluso ser un guiño a Bildu y ERC de cara a conseguir su apoyo para los nuevos Presupuestos. Así, el presidente Pedro Sánchez confirma su objetivo de seguir adelante con el acuerdo de Gobierno y desmontar la reforma laboral del PP incluso antes de final de año (puesto que el plan es para el segundo semestre), aunque desde Bruselas le pueden imponer trabas al respecto ahora que necesita de su aprobación para recibir las ayudas europeas para la pandemia.

«Somos un Gobierno que se esfuerza cada día por lo excepcional, atravesar la pandemia, pero no hemos dejado ni un solo instante de sacar adelante los compromisos de legislatura de este Gobierno progresista, reformista y de coalición», presumió la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pero no será una derogación integral, pese a que el PSOE se comprometió a ello la pasada primavera en el acuerdo que rubricó con Bildu para lograr su apoyo a la prórroga del estado de alarma y pese a que es el deseo casi personal de Iglesias. Calvo se limitó a decir que realizarán «algunas modificaciones de carácter laboral» para responder a uno de los principales problemas del país: la calidad del empleo. Matizó que pretenden con ello «parar los golpes estructurales con que la economía española reacciona cuando tenemos crisis: destruir empleo» y puso como ejemplo que el Ejecutivo ha hecho frente a la actual crisis «de una manera radicalmente distinta» a la anterior con la figura de los ERTE.

Lo que recoge este plan legislativo es la modificación de cuatro aspectos prioritarios por considerarlos los más lesivos de la reforma laboral de 2012, una vez que ya se aprobó a comienzos de año la derogación del conocido como despido por absentismo. Más concretamente, se trata de devolver a los convenios sectoriales su prioridad frente a los de empresa; recuperar la ultraactividad, lo que significa mantener la vigencia de un convenio y que éste no decaiga hasta que no se apruebe otro; limitar la subcontratación para legislar qué servicios pueden subcontratarse y cuáles no, así como los convenios por los que se rigen estos trabajadores; y revisar el mecanismo de descuelgue de un convenio colectivo para que solo sea posible dejar de aplicar el salario pactado cuando existan causas económicas graves e irreversibles (ahora puede hacerse alegando dos trimestres de ventas inferiores a las del año precedente).

La intención del Ejecutivo, sin embargo, es llevar a cabo esta contrarreforma con el apoyo de los agentes sociales. «Nuestro Gobierno se faja muy bien en el diálogo social, tanto con patronales como sindicatos», sacó pecho la vicepresidenta. Pero no será tarea fácil, puesto que la CEOE es firme defensora de esta reforma del PP y asegura que en plena crisis «no es el momento» para derogarla, aunque se muestra dispuesta a hablar de «mejoras». Los sindicatos, por el contrario, manifestaron este martes su satisfacción por retomar esta negociación que consideran prioritaria.

El plan normativo que atañe al Ministerio de Trabajo también incluye otros asuntos que están encima de la mesa como la regulación del teletrabajo o la de los riders, materias que están ya muy avanzadas. «Trabajo tiene a las puertas esas tres normas que muestran nuestro compromiso», apuntó Calvo.