La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5% en 2026

Así lo acordó a última hora de este martes el comité ejecutivo de la CEOE tras celebrar una reunión extraordinaria, en la que se pactó por unanimidad situar el SMI en 16.824 euros brutos anuales, un incremento de 252 euros en 2026. «El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha decidido proponer aplicar dicha subida del 1,5%, que está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI», explica el comunicado enviado a los medios.

Patronales tan relevantes como la vasca, la catalana o la valenciana, así como la de la metalurgia y la construcción, apoyaron dar este paso adelante, aunque los empresarios de Murcia y el sector del campo apostaba por no plantear ninguna subida ante la escalada de los costes laborales, según explicaron fuentes empresariales a este periódico.

El alza acordado por la CEOE traspasa una de las líneas rojas que mantiene el Gobierno: que en ningún caso la mejora del salario mínimo sea inferior al alza de los precios, que se sitúa en esta recta final del año en el entorno del 3%. Así, con la propuesta de los empresarios, los trabajadores que cobran esta renta mínima perderían el año que viene poder adquisitivo, más si cabe al tener que tributar a Hacienda el año que viene, puesto que su planteamiento es que empiecen a pagar en 2026, al igual que el resto de trabajadores, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con lo que el neto se reduciría.

El salario mínimo que defienden los empresarios encontrará, con toda seguridad, el rechazo frontal de los sindicatos, que fueron los primeros en pedir una subida de 89 euros que lo situaría así en 2026 en 1.273 euros al mes, un total de 17.822 euros brutos al año. UGT y CC OO admitieron que se trata de un aumento muy superior a la inflación, del 7,5%, porque entienden –como hace ahora la patronal– que esta renta sí debe tributar ya a Hacienda en el Impuesto de la Renta (IRPF), para evitar una discriminación entre trabajadores. Pero, además, exigen cambiar la ley para que esta subida no pueda verse absorbida por otros pluses, algo que la CEOE avanza que no apoyará.

La patronal explica que la razón principal que les ha llevado a decidir esta subida es que los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación.

La CEOE critica que Trabajo tome como referencia la Encuesta de Estructura Salarial que no contempla, entre otros, los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, precisamente «sectores donde las sucesivas subidas del SMI están penalizando más el empleo», algo que, además, genera «una distorsión al alza» del dato. Por el contrario, la EPA sí tiene en cuenta los salarios en estos sectores, con lo que constituye «una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos», indican los empresarios.

Siguiendo este razonamiento, la patronal asegura que el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, que debería situarse en los 15.760 euros brutos anuales. Es más, destaca que el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde, por lo que «no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026».

No obstante, la CEOE ha decidido proponer aplicar dicha subida del 1,5% «porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI».

Estos objetivos –señalan- son el fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género. «Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores», precisa el documento.