Trabajo ofrece bonificaciones al campo mientras los agricultores aprietan con sus protestas

«Está todo tirado de precio y no puede ser», se lamentó uno de los más de 15.000 agricultores que se concentraron en la ciudad andaluza. En el otro extremo de España, los agricultores se encomendaron a San Fermín, con cánticos y simulando un encierro. «Como no haga nada el Gobierno, esto se hunde», exclamaron entre gritos de indignación.

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Ante esta oleada de protestas que no cesa, el Gobierno trata de apaciguar los ánimos del sector anunciando medidas que no terminan de contentar a las organizaciones agrarias, sobre todo porque no se plasman en una ley. El último anuncio llegó de la mano de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, a la salida del pleno en el Congreso de los Diputados, avanzó que su departamento está trabajando en dar una mayor estabilidad a los trabajadores del sector a través de una serie de bonificaciones, pero que estarán condicionadas a impulsar la calidad del empleo. Así, más concretamente, precisó que están estudiando transformar los contratos de los temporeros, que son eventuales, en fijos-discontinuos, lo que les otorgaría más derechos, por ejemplo, a la hora de devengar prestaciones. También abogó por reformular los subsidios y otras propuestas dirigidas a reducir el impacto de género en el sector.

Díaz admitió que ella poco puede hacer en lo referente a una de las grandes exigencias que tienen las organizaciones agrarias, la de aprobar una rebaja en las cotizaciones sociales para hacer frente a la doble subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que –así se lo recordó también en la reunión que mantuvo con ellos el pasado martes– esto es ahora competencia del Ministerio de Seguridad Social. «Es poco lo que podemos hacer desde Trabajo, pero en la medida en la que podamos dar estabilidad, como la reformulación, racionalización y redefinición de los subsidios, lo haremos», reconoció la titular de Trabajo. En este sentido, abogó por «incorporar mejoras y sobre todo eliminar desigualdades» en el sector agrario, al tiempo que calificó de «intolerable» el «poder y abuso de las cadenas distribuidoras» con la venta a pérdidas, ya que «los productores producen a precios ínfimos y, cuando llegan al supermercado, tienen precios que se alejan mucho de los de origen», se lamentó.

A su vez, la ministra aseguró que el Gobierno está «peleando de manera fuerte para obtener un reparto de la Política Agraria Común (PAC) más favorable» para España. También el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abogó por «empezar a intervenir para que efectivamente no pueda haber esos niveles de precio» y remarcó que el sector «tiene derecho a protestar», en referencia a la polémica generada por el vicepresidente, Pablo Iglesias, que animó en la reunión que tuvo con los agricultores a que «sigan apretando» en sus reivindicaciones pese a formar parte del Gobierno. «Que aprieten para defender sus derechos, tienen razón», suscribió la ministra de Trabajo, también de Unidas Podemos, mientras evitaron pronunciarse otros miembros socialistas del Ejecutivo como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.