El FMI pide al Gobierno que sea «cuidadoso» con las subidas del salario mínimo

La directora gerente de FMI, Christine Lagarde./Efe
La directora gerente de FMI, Christine Lagarde. / Efe

La organización cree que es difícil implementar esta subida y «no excluir a gente del mercado laboral»

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

El Gobierno presentó este jueves su acuerdo con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales de 2019 y una de las medidas que más llamaron la atención fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros en 14 pagas. En total, 12.600 euros brutos al año, una subida muy pedida por sindicatos y sociedad civil, que supone un aumento del 22,3% respecto al SMI actual en solo doce meses.

Pero quienes no han sido muy favorables a la propuesta ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras conocer la medida, instó este viernes al Gobierno de Sánchez a que sea «cuidadoso» a la hora de implementarla para «no excluir a gente del mercado laboral». Poul Thomsen, director del Departamento de Europa del organismo lamentó asimismo que no se haya aprovechado la fuerte recuperación económica de España para reconstruir «su espacio fiscal».

«Desafortunadamente, desde 2015, cuando el crecimiento ha sido significativamente superior al potencial, y hemos tenido una sostenida caída en el desempleo, España no ha reconstruido su espacio fiscal», dijo. Por eso, insistió en que «la política fiscal debería ser más contracíclica», es decir, aprovechar los periodos de expansión económica para ahorrar y reducir el gasto.

Eso sí, Thomsen reconoció que la subida a 900 euros tiene justificación «por cuestiones sociales». «Uno tiene que equilibrar ambos elementos», argumentó. El FMI situó el crecimiento estimado de España para 2018 en el 2,7%, una décima menos que lo adelantado hace tres meses.

Por su parte, la patronal de empresarios también consideró el mismo jueves que la medida de subida del salario mínimo «cuestiona el diálogo social». En un comunicado, la CEOE avisaba de que esta medida «tendrá unos efectos negativos» en la negociación colectiva, en la contratación pública pactada con las empresas y también en los convenios colectivos en vigor.

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