Piden más de 20 años a los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank en el 'caso Villarejo'

Los fiscales han solicitado 40 años y medio de cárcel para José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para la compañía energética y el banco a través del denominado 'proyecto Wine', en el que ambas empresas trataron de defender sus intereses frente a la estrategia de la constructora Sacyr y la mexicana Pemex para hacerse con un número importante de acciones de Repsol en 2011 y provocar un vuelco en el accionariado.

Por los servicios de espionaje para conocer los actuaciones del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y su familia entre 2011 y 2012, y el alto cargo de Pemex Luis Alberto Mañas se abonaron en total 389.400 euros, la mitad cada empresa en seis facturas diferentes.

En su escrito de acusación, reclaman además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona; 28 años para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el anterior responsable de Seguridad de Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño. Les imputan delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. Anticorrupción señala, además, que tanto Repsol como Caixabank y la Administración del Estado deben ser condenados como responsables civiles subsidiarios.

En enero pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa contra Repsol y Caixabank como personas jurídicas y contra el presidente de la primera, Antonio Brufau, y al expresidente de la segunda hasta 2016, Isidro Fainé. Los magistrados concluyeron que no tuvieron ningún contacto con Cenyt, la mercantil de Villarejo, ni conocieron el encargo de sus jefes de seguridad o empleados.

El tribunal presidido por Alfonso Guevara rechazó el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que aseguró que ambas compañías no realizaron los necesarios controles en la contratación de los servicios de Villarejo. Justificó la Sala que tampoco hay indicios de que Brufau y Fainé conocieran a Villarejo ni supieran que se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, afirmó que el hecho de que en la alta dirección de ambas compañías «estuvieran preocupados por el pacto Sacyr-Pemex entraba dentro de lo normal por la incidencia que podía tener en la marcha de Repsol, pero no implicó que (ambos presidentes) estuvieran dispuestos a emprender todo tipo de acciones, incluso contrarias a la legalidad para impedirlo», zanjó el auto.