«El independentismo está en un camino hacia ninguna parte»

-¿Hay solución al conflicto catalán?

-En primer lugar, el independentismo tiene que reconocer que una mayoría de la sociedad no le sigue. Por tanto, lo que se tiene que reanudar primero es el diálogo y la convivencia entre catalanes: entre quienes puedan pensar que la solución es la imposible independencia -que no conduce a ninguna parte- y quienes siendo mayoría entienden, como hace el Gobierno, que Cataluña es una parte fundamental de España. Este es un elemento que nada ni nadie va a poner en tela de juicio: con la unidad de España no se juega. El Gobierno tiene una posición de firmeza y de proporcionalidad en el uso de medios para no facilitar argumentos a quienes pretenden provocar para continuar confundiendo y engañando.

-¿Ve posible reanudar el diálogo con la Generalitat a corto plazo?

-Todo está dicho en la carta que envió el presidente del Gobierno. El presidente de la Generalitat está manteniendo una ambigüedad que es especialmente grave en quien ostenta una responsabilidad pública. Tiene que rechazar la violencia y mostrar un público apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-¿Serían partidarios de que el Estado recupere las competencias en prisiones?

-Somos partidarios de cumplir la Constitución y la ley, nada más. Las leyes y las sentencias tienen que se objeto de cumplimiento y deben cumplirse en sus propios términos.

-Los recientes sucesos violentos ocurridos en Cataluña ¿es terrorismo de baja intensidad?

-Cada uno puede darle la calificación que estime oportuna. A mí me parecen actos especialmente graves y sancionables penalmente.

-¿Qué consecuencias puede tener la votación de la propuesta de resolución consensuada por los independentistas para condenar en el Parlament la sentencia del 1-O?

-El texto pactado por los tres grupos independentistas del Parlament de Cataluña refleja claramente el camino hacia ninguna parte en que se encuentra actualmente el independentismo. Los diputados y diputadas pueden ejercer su libertad de expresión. Pero cuando hablamos de decisiones adoptadas por un órgano, en este caso el Parlamento de Cataluña, no estamos hablando de libertad de expresión sino de ejercicio de competencias o atribuciones. Y las instituciones en ese ejercicio de competencias tienen que seguir la Constitución.