Bruselas mantiene la exigencia de la subida fiscal al diésel para desatascar parte de los fondos europeos

En sus negociaciones con Europa, el Ministerio de Economía ha conseguido, por ejemplo, sustituir la promesa de una futura ley del suelo -completamente paralizada en el Congreso ante el rechazo de la oposición- por la reciente creación de la empresa estatal de vivienda (Casa 47), que ahora se encargará de movilizar y gestionar el parque de alquiler asequible. También se renuncia a aprobar en tiempo la ley de defensa del cliente financiero que, en todo caso, se seguirá tramitando en paralelo a los compromisos con Bruselas.

Sin embargo, el 'tira y afloja' para redactar esta adenda al plan de recuperación no ha llegado a una de las reformas más polémicas de todo el proyecto: la subida de la fiscalidad al diésel, cuya promesa se mantiene intacta en el documento. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejó claro este martes que el impuesto al diésel «sigue siendo parte de los hitos asociados al Plan de Recuperación». Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que el Ejecutivo sigue trabajando para que la medida salga adelante antes del 31 de enero, cuando vence el 'plazo extra' que Bruselas otorgó en su última revisión de los planes nacionales.

Cabe recordar que el Gobierno ya intentó subir el impuesto especial de hidrocarburos que se aplica al diésel para igualarlo al de la gasolina con el paquete fiscal de 2024, pero la propuesta fue rechazada de pleno en el Congreso y decayó.

Según quedó definido en diciembre, el impuesto al diésel implica una subida de 9,36 céntimos por litro, que superaría los 11 euros si se aplica el IVA. Para el bolsillo del consumidor, podría suponer un alza de 5 euros de media para llenar el depósito. Para Hacienda, un incremento de la recaudación de unos 1.400 millones de euros anuales. Su rechazo final también puede dibujarse en cifras: el bloqueo de 460 millones de euros del quinto desembolso de los fondos a España por no tener aprobada la medida.

Parece difícil que, con la debilidad parlamentaria actual, el Ejecutivo logre finalmente sacar adelante esa modificación fiscal con el apoyo parlamentario. Y en ese escenario, todos sus esfuerzos se centran ahora en sacar el máximo provecho al resto de millones que aún quedan por llegar a la economía. De ahí los cambios en la adenda aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

Cuerpo, recordó que «la Comisión Europea ya solicitó el pasado junio que revisáramos nuestros planes para agilizar los procesos y maximizar la llegada de los fondos», ante unos plazos muy ajustados que fijan en el 31 de agosto el límite para el desembolso de los fondos. Con las modificaciones y menores cargas previstas ahora, el Ministerio de Economía aspira a agilizar esos 24.700 millones de euros que quedan de ayudas directas del plan, del que ya se han percibido 55.000 millones de los 80.000 disponibles para España.

Las modificaciones se han podido realizar además por esa renuncia a buena parte del resto de ayudas acordadas en formato de créditos y que, en total, ascendían a 83.100 millones de euros. Finalmente, España solo solicitará unos 22.800 millones de euros. Es decir, el Estado renuncia a 60.000 millones de euros en préstamos que, según explicó Cuerpo, se podrán compensar con la propia financiación en el mercado nacional.

El Ministerio justifica esta decisión en la buena marcha de la economía española, que ha permitido que el país pueda financiarse en el mercado a un coste prácticamente similar al de la Comisión Europea, con una brecha que prácticamente ha desaparecido respecto a los 70 puntos básicos de diferencia que existían cuando se aprobó el plan en plena pandemia.

«En la deuda a 20 años, la diferencia de coste de financiación entre el Tesoro español y la Comisión europea está entre 3 y 4 puntos básicos, prácticamente cerrada», apuntó Cuerpo durante su intervención. «Los préstamos del plan de recuperación van a estar disponibles, pero con una red de seguridad nacional, no europea, porque podemos recurrir a financiación propia, con un coste equivalente, pero con menor carga administrativa y mayor flexibilidad», insistió.

Esta situación tiene mucho que ver con que el Gobierno haya presentado también este martes el avance de la estrategia de financiación del Tesoro, para demostrar su capacidad de financiarse sin necesidad derecurrir a la parte de créditos -no de ayudas directas- del Plan de Recuperación. En concreto, el Tesoro prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025, un ejercicio en el que se ha logrado mantener la vida media de la deuda en unos ocho años.