El Gobierno eleva el techo de gasto un 4,4% en 2019 para un crecimiento económico «justo»

La ministra de Hacienda confía en la «sensatez» del PP para que el nuevo objetivo de déficit salga adelante en la votación del Senado

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

La carrera en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 acaba de comenzar. El Gobierno ha anunciado este viernes el incremento del techo de gasto un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros en 2019, es decir, 5.230 millones más que este año. Su objetivo es que el crecimiento económico sea «expansivo» y «justo» con los que peor lo han pasado durante la crisis, ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno ha aprobado los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021 que se negoció con Bruselas la semana pasada que supone un aumento de la deuda con un respiro de 6.000 millones de euros para un mayor gasto, sobre todo, para Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Así, para 2019, el reparto queda en el 0,4% del PIB para la Administración central (una décima más que en la anterior senda), el 1,1% para la Seguridad Social (dos décimas más) y el 0,3% para las comunidades autónomas (dos décimas más).

Pero ahora toca lo más difícil, que las Cámaras aprueben esta nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hay posibilidades de que no tenga la aprobación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y aunque no hay una postura oficial al respecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer dejó entrever su posición. En la votación tras la reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades para informarles de este nuevo objetivo las autonomías dirigidas por el PP votaron en contra.

La ministra ha lamentado esta postura que liga a una cuestión «ideológica» del PP y apela a la «sensatez» del partido en un asunto «de vital importancia para España» y que si no sale adelante las comunidades serían «las grandes perjudicadas» porque perderían, junto a la Seguridad Social, unos 5.000 millones de euros para el año que viene. De hecho, Montero ha recordado que si el Senado tumba el proyecto, «no hay plan B» y se volvería a la senda de estabilidad aprobada por el anterior Gobierno. «Sería difícil de imaginar que el propio Reino de España se autoimponga unas restricciones económicas más rigurosas de lo que le está pidiendo Bruselas».

Pero aún es difícil saber cuál será la postura del PP, que este sábado elige su nueva dirección. La ministra lamenta que no hubiera habido posicionamiento de ninguno de los candidatos respecto a esta cuestión «tan relevante». Y aunque ha asegurado que se pondrán en contacto con los encargados el mismo lunes, «no hay mucho que debatir porque o se está a favor de darle un respiro a las comunidades o se está en contra», sentenció Montero.

¿Y si no se aprueba?

Asimismo, ha recordado que lo que se vota en Congreso y Senado es la nueva senda de déficit y no el techo de gasto, del que solo se informa. Esto evitaría un choque con Podemos, que reclamaba un aumento de 15.000 millones de euros. Lo que no les enfrentará con la formación morada será la propia senda de déficit ya que, en palabras de la ministra, «estarán de acuerdo porque supone menores recortes para la ciudadanía».

Y aunque no se vote, el techo de gasto se vería también afectado ante el rechazo de las cámaras porque la Administración central tendría un menor margen de déficit, aunque solo haya dejado para sí el 0,1% de esa corrección a la alta, lo que se traduce en 1.200 millones de euros de los 25.000 del conjunto del Presupuesto. Reiteró, por tanto, que los grandes perjudicados serían CC AA y Seguridad Social cuyo margen se ampliaría en dos décimas. En opinión de Montero: «Si tumban la nueva senda implicaría afectar al Estado del bienestar», ya que las comunidades tienes transferidas competencias básicas como la Educación y la Sanidad.

Pero hay que tener en cuenta que de no aprobarse no solo tendrá una repercusión económica «mínima» para el Gobierno, sino que lo prometido en nuevo gasto a las comunidades autónomas se les recortará con el correspondiente gasto político que puede acarrear.

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