Los tribunales vuelven a poner en jaque el impuesto de plusvalía municipal

Varias grúas trabajan en la construcción de viviendas./EFE
Varias grúas trabajan en la construcción de viviendas. / EFE

Una sentencia también anula este gravamen para casos en los que se produjeran ganancias en la venta, mientras el Congreso ya tramita la reforma del tributo

David Valera
DAVID VALERAMadrid

Los tribunales han vuelto a poner en jaque al impuesto de plusvalía municipal. El pasado mayo el Tribunal Constitucional consideró que el gravamen no debía aplicarse a los casos en que se producían pérdidas en la venta del inmueble y anuló varios artículos. Sin embargo, ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictaminado que tampoco debe aplicarse este tributo cuando se han producido beneficios en la transmisión. Eso sí, matiza que se ciñe a aquellos casos liquidados tras la anulación del Constitucional o anteriores en lo que los contribuyentes tengan abierta una reclamación.

Hay que tener en cuenta que esta nueva sentencia afecta a la normativa foral de Navarra, que también fue anulada por el Constitucional como la estatal. Sin embargo, abre una vía que podría replicarse en otros casos afectados por la normativa general. Es decir, que el caso podría obligar al Constitucional a tener que pronunciarse sobre este aspecto concreto.

Mientras tanto, el Congreso ya tramita la reforma de este impuesto que presentó el PP. La medida contempla que el gravamen no se aplique cuando no se hayan producido ganancias en la venta del inmueble. Para ello bastará con mostrar el precio de la compra fijado en las escrituras con el de la venta para comprobar la diferencia. Eso sí, los documentos deberán ser verificados por la Agencia Tributaria.

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La modificación de este tributo era una de las reclamaciones de los ayuntamientos, principales perjudicados de esta inseguridad jurídica. Y es que desde el fallo del Constitucional el gravamen de este impuesto, que genera importantes ingresos para los municipios, quedó en un limbo. Sin embargo, a pesar de las reiteradas peticiones urgiendo a Hacienda a modificar la normativa, el Gobierno se lo ha tomado con relativa calma.

Además, los ayuntamientos se arriesgan a tener que reintegrar parte de los importes cobrados de forma indebida durante los años no prescritos. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llegó a advertir a Hacienda de que le pasarían la factura en esa hipótesis.

 

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