Las comunidades recibirán 103.000 millones a cuenta de la financiación este año

En este sentido, Montero anticipó que el ajuste que se aplicará para 2018, último año del que existen datos cerrados de recaudación, será equivalente a 10.955 millones de euros, lo que supone una revisión superior en 4.833 millones de euros a la efectuada un año antes.

Montero se refirió a que en 2019, por primera vez, el Gobierno actualizó la financiación a las autonomías sin tener las cuentas públicas aprobadas y que lo hizo a través de un Decreto Ley aprobado el pasado otoño. Ahora vuelve a echar mano de ese instrumento, con su prórroga, para anticipar las cantidades de que dispondrán las diferentes Administraciones. Éste es un mecanismo que ha logrado desvincular los Presupuestos de las entregas a cuenta.

La ministra precisó que, cuando se diseñen los Presupuestos de este año, la cifra anticipada de los 103.000 millones de euros se podría actualizar, dado que podrán variar las previsiones de ingresos que se registrarán este año. Pero ha mostrado el deseo del Gobierno central de informar a las comunidades autónomas de los recursos que estima que podrá liberar para su financiación y así puedan hacer frente al pago de los proveedores, al sostenimiento de los servicios públicos y a las amortizaciones de deuda que se les presenten.

Las autonomías conocerán hoy mismo las cantidades que les corresponden a cada una de esos 103.000 millones de euros.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida anoche a Televisión Española, afirmó que su objetivo es que estén aprobados antes de final de verano.

Pero el procedimiento para el diseño de las cuentas públicas ya está en marcha desde que esta mañana el Boletín Oficial del Estado haya publicado las normas para su elaboración. En su texto se recoge que los ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 27 de febrero de 2020, exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el aticulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedentes, acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

En paralelo, otros hitos de los Presupuestos Generales del Estado serán el acuerdo con Bruselas para la flexibilizacion de la senda del déficit (Montero ha afirmado que se negociará con la UE una «más transitable») y, a continuación, su aprobación en el Congreso y en el Senado, así como la del techo de gasto.

En las páginas del BOE también se recogen los principios filosóficos de las nuevas cuentas públicas: «Alcanzar un sistema de justicia social que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza»; «promover un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del acuerdo político y el diálogo social»; «contribuir a la consecución de un modelo de crecimiento económico competitivo, sostenible e inclusivo, sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa»; o «impulsar una educación con vocación de excelencia», entre otras cosas.

Como novedad, si bien desde 2008 se venía incorporando un informe de impacto de género al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ahora se da un paso más y se prevé introducir de manera integrada la perspectiva de género en los programas presupuestarios y en las políticas públicas de gasto. Como apuntó Montero, se incluirá un diagnóstico sobre el impacto de género en las políticas ministeriales.