Los consumidores pagarán 184 millones en su factura eléctrica por el cierre de tres centrales nucleares

Esta cifra de 184 millones es muy superior a los 35,7 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) preveía para este ejercicio hasta liquidar la totalidad de esta deuda. En principio, el regulador había previsto en su presupuesto de gastos e ingresos del sistema eléctrico para 2015, que el próximo 26 de octubre se dejaría de pagar la moratoria nuclear con estos últimos 35,7 millones, tras completar los 4.383 millones que los consumidores han abonado a las compañías eléctricas desde 1984. La CNMC estima que estos últimos pagos se realizarán de forma proporcional, en la factura de la luz, hasta agosto, y en septiembre se realizará un último pago para completar la amortización.

Desde el año 2006, el impacto de la moratoria nuclear en la factura de la luz se encuentra fijado en el 0,33% de lo que un consumidor abona cada mes a su compañía eléctrica. Pero hasta ese momento, suponía un 3,25% de la factura. La rapidez con la que se anticiparon los pagos en los años previos a 2006, por la rebaja de tipos de interés tras la llegada del euro, permitió relajar este impacto.

Además, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio también ha fijado el importe que corresponde a la anualidad abonada en 2014. En este caso, se trata de 67,7 millones (35 millones para Lemóniz, 31 para Valdecaballeros y un millón a Trillo II).

Por otra parte, la CNMC también ha hecho público el informe en el que se refleja el déficit de tarifa del sistema eléctrico (la diferencia entre lo que se paga en el término fijo de la factura y lo que se tiene que abonar a las empresas del sector), cifrado en 3.540 millones de euros relativos a 2013. Esta cifra es ligeramente inferior al límite previsto por la ley, fijado en 3.600 millones para ese año.

La liquidación del déficit de tarifa arroja algunas cifras interesantes. Por ejemplo, que ese déficit se ha visto engrosado en 352 millones de euros complementarios por la ejecución de las sentencias relativas a la minoración de la retribución de la actividad de energía equivalente al valor de los derechos de emisión de C02 (113 millones), por las reliquidaciones de energías renovables, cogeneración y residuos (106 millones), por la revisión de los costes de los sistemas insulares (99 millones), por el cambio en el cálculo de los tipos de interés que se aplican en el sistema (30 millones) y para financiar el bono social correctamente tal y como ha determinado el Tribunal Supremo (4 millones).